Cartas sobre la mesa

• Germán Álvarez
• 24 junio, 2016
• Opinión
• Diálogo Segob-CNTE junio 2016, discusión reforma educativa, Germán Álvarez Mendiola

Las cartas están sobre la mesa, pero no es un juego de azar. La apertura del diálogo entre la CNTE y la Secretaría de Gobernación el miércoles 22 de junio representa una tregua necesaria para distender el conflicto y propiciar un conjunto de condiciones que comprometa al gobierno a no usar la policía ni las armas de fuego con fines de represión política y a cesar las órdenes de aprehensión.

La CNTE debería comprometerse a suspender bloqueos (no, por supuesto, marchas y otras formas de manifestación que deben quedar garantizadas), no realizar acciones vandálicas ni impedir la libre determinación de los maestros de sus estados para trabajar y cobrar sus cheques. Se trata de levantar bandera blanca y retirarse a las posiciones previas. Sin embargo, esto puede ser sólo un buen deseo pues la CNTE continuará con sus movilizaciones y formas de lucha, y el gobierno no cederá fácilmente a las demandas. Un escenario de estira y afloja de duración y resultados inciertos se avizora.

La mesa no será educativa sino política y laboral. El Secretario de Gobernación reconoció que la reforma “educativa” será motivo de discusión y la CNTE anunció esto como un triunfo de su movimiento. Pero será una mesa política, no en el sentido que quería Nuño (no abordar la reforma “educativa”), sino en el de discutir la derogación de la reforma y restaurar las condiciones laborales que se tenían antes de su promulgación.

Las nueve demandas de la CNTE no dejan lugar a dudas. Cinco son laborales: estabilidad en el empleo, pago de salarios retenidos, plazas para egresados de normales, pago a jubilados y pensionados, y no modificación de condiciones de trabajo. Dos son estrictamente políticas: la liberación de líderes detenidos y la suspensión de procesos penales, y la exigencia de resolver de inmediato todos los problemas planteados y los de las organizaciones sociales y pueblos en resistencia. La segunda expresa el carácter de la CNTE como confederación de una gran diversidad de grupos con reivindicaciones y perspectivas de lucha muy diferentes. Hay también una demanda administrativa: emisión de acuerdos para regularizar los servicios educativos, que tal vez se refiera a recuperar el ciclo escolar 2015-2016. La única demanda educativa, muy vaga e inconmensurable, es la “solución a la problemática de todos los niveles educativos”.

Que la mayor parte de las demandas sean laborales no es extraño. Salvo experiencias localizadas como las Escuelas Altamiranistas de Guerrero, las Escuelas Integrales de Michoacán y el Movimiento Pedagógico de Oaxaca, la CNTE carece de un proyecto educativo. En Oaxaca, como lo documentó Fernando Ruiz, la Sección 22 cogobernó el IEEPO a partir de 1992 ocupando un amplio conjunto de cargos burocráticos importantes que se elegían en asambleas sindicales, como directores de educación primaria, jefaturas de departamento, coordinadores y delegados de servicios educativos.. La Sección 22 tuvo, además, control sobre plazas y recursos financieros de la educación. Hace pocos años, para oponerse a la reforma, la Sección 22 hizo que el IEEPO adoptara su propuesta de Plan para la Transformación de la Educación de Oaxaca (PTEO), el cual recibió educadas pero duras críticas de destacadas investigadoras del DIE-Cinvestav. Sin embargo, nada de esto produjo cambios significativos en la realidad educativa de Oaxaca y menos de Guerrero, Michoacán y Chiapas, donde la CNTE no ha tenido el poder que tiene la Sección 22.

Dado que la CNTE es un movimiento gremialista, el motivo básico de su protesta es la defensa de las condiciones laborales previas a la reforma de 2013-2014 y de las estructuras políticas del poder magisterial. En un contexto de alta pobreza y marginación, la amenaza de despido a miles de maestros que sostienen a su alrededor la economía de centenares de familias, produjo la nueva emergencia de las bases, apenas unos meses antes algo desencantadas con la dirigencia de la Sección 22. Alberto Serdán escribió que, entre varios, uno de los errores no previstos por Nuño fue la falta de alternativas económicas para los potenciales excluidos de la reforma. ¿El gobierno lo calculó? Si lo hizo parece no haberle importado.

Que la CNTE haya sido capaz de movilizar un amplio número de maestros y simpatizantes puede llevar a pensar que goza del apoyo generalizado de la población. Pero eso es dudoso. Algunos sondeos reportados por la prensa apuntan que la mayoría (al menos de la que cuenta con teléfono en casa, es decir, sectores medios y altos) no está de acuerdo con las movilizaciones (en 2013: http://www.24-horas.mx/58-de-la-poblacion-reprueba-marchas-de-cnte-segun-sondeo/; en 2016: http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/05/16/1092854). Los niños y padres de familia se han visto muy afectados. En los lugares donde la CNTE o sus compañeros de ruta (sean aliados o fuerzas que se suman) han hecho bloqueos, quemas de autos y edificios, y saqueos a los comercios cunde la zozobra por el escalamiento de la violencia y las afectaciones económicas. Sin embargo, gozar o no gozar del acuerdo de la población no interesa a la CNTE pues su perspectiva no es convencer a la sociedad sino defender sus intereses gremiales y políticos, los cuales justifica mediante un discurso radicalista que apela al pueblo, a la explotación y a la miseria.

En Oaxaca, por ejemplo, hay que considerar la hipótesis de que el reciente triunfo del PRI es una manifestación de que, en esta coyuntura, la sociedad no comparte los postulados de la izquierda, ya sea del PRD que apoyó a Cué o del extremismo radical de varias organizaciones sociales y políticas. Nicolás Loza, investigador de FLACSO, me recordó en comunicación privada que los datos del PREP son contundentes porque “en las elecciones del 5 de junio pasado, los partidos que aprobaron en el Congreso la reforma educativa (PRI, PAN, PRD, NA y PV) sumaron 57% de votos en todo el estado y 54% en el distrito con cabecera en Nochixtlán; los que se opusieron (el PT y Morena) lograron 34% de votos en Oaxaca y 33% en Nochixtlán (el resto fueron votos a partidos locales, nulos o a candidatos no registrados). La participación superó el 55% de la lista nominal”. Sabemos que no hay relación directa entre las preferencias electorales de los ciudadanos y sus posiciones ante la reforma “educativa”, pero es claro que los partidos anti reforma fueron minoritarios, a pesar de la alianza electoral que López Obrador hizo con la CNTE.

Del lado del gobierno las cosas no parecen fáciles. Peña se encuentra en uno de los momentos más bajos de aprobación y su partido sufrió un retroceso en las recientes elecciones a gobernadores en 12 estados. La tragedia de Nochixtlán agrega dificultades a la gobernabilidad; desencadena nuevas protestas en más estados; y expone otra vez a México a la crítica internacional y a la intervención de organismos internacionales. Por si fuera poco, el gabinete se exhibe dividido entre la política interna y la de educación.

Nuño se aferró a la reforma con arrogancia disfrazada de cumplimiento irrestricto a la legalidad. Construyó un discurso sobre la equívoca premisa de que esa reforma elevaría la calidad, como si no hubiera suficiente evidencia de que los esquemas de evaluación no son receta mágica y que producen efectos indeseables, véase si no lo que ha ocurrido en la educación superior. Tras haber repetido sin cesar que no quería diálogo alguno, y con ello imponer su agenda política en el seno del gabinete presidencial, terminó por aceptarlo después de los lamentables acontecimientos de Nochixtlán. Se opuso a que se discutiera la reforma “educativa” y terminó derrotado por la lógica de los acontecimientos. En un acto que parece ser un esfuerzo por compensar las fuerzas a su favor, el martes pasado Nuño refrendó su alianza con el SNTE, llegando a hacer un vergonzoso reconocimiento a Juan Díaz de la Torre por su compromiso con la educación, sin poder refrenar su pulsión demagógica al decir que la reforma “educativa” representa mejores escuelas; maestros mejor preparados y nuevos planes y programas de estudio, con pedagogía avanzada. Nada de eso se tiene: existen enormes carencias en las escuelas, sobre todo en zonas marginales urbanas y rurales; no hay evidencias de que los maestros están mejor preparados (con todo y SINED), y no hay nuevos planes ni programas de estudio para la educación básica.

El Congreso no canta mal las rancheras. Al procesar la reforma sin mediar consulta alguna con los maestros, los padres de familia, los investigadores educativos y otros actores interesados en la educación cometió un error político y de política educativa que ahora cobra sus consecuencias.

El futuro cercano es una nebulosa. La CNTE no cederá en su pretensión de anular la reforma ni renunciará a sus métodos de lucha. El gobierno no cederá fácilmente en la derogación de la reforma, pero es probable que se ralentice o de plano se detenga y que la SEP no presente el nuevo modelo educativo para el ciclo 2016-2017. Es posible que Nuño renuncie por inoperante, un obstáculo adicional para el minado PRI de cara a las elecciones de 2018. Si en la agenda está la derogación o, al menos, la revisión de la reforma, el Congreso retomará el asunto para enfriar todo y postergar el espinoso asunto educativo o, menos probable, para dar trámite a reformas de las reformas. Es posible que en Oaxaca la CNTE libre una lucha por recuperar el IEEPO.

Si la reforma se derrumba estrepitosamente México habrá vivido un fracaso más al perder otros seis años sin que la educación haya sido puesta en el centro. En estos días, el llamado a centrarse en una reforma educativa genuina parece una petulancia académica. Sin embargo, aferrarse a esa convocatoria es lo único que puede dar rumbo a nuestra maltrecha educación. Por eso, es prioritario que la reforma sea discutida ampliamente y no sólo entre el gobierno y la CNTE sino en una mesa que incluya a todos los involucrados en la educación.

Habrá que generar mecanismos participativos para que el diseño de la reforma educativa, con propuestas y compromisos claros por parte de todos los actores, sea, como quiere Oriol Malló Vilaplana, discutida por amplios sectores –maestros de educación básica, académicos de diferentes disciplinas, investigadores educativos, expertos en educación nacionales e internacionales y políticos- y que desemboque en un libro blanco sobre qué hacer con la educación. Esa sería la mesa donde el juego tendría como regla fundamental el interés por la educación.