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El selectivo acceso a Educación Superior

Una vez que se aclare la formalidad del nombramiento de Rosario Piedra Ibarra a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, (CNDH) su arribo abre una esperanza concreta de que, a la luz de los derechos humanos de tantos olvidados, por primera vez se revise a profundidad la definición neoliberal del derecho a la educación; la que desde hace 30 años ha guiado la transformación neoliberal en la educación, le abrió paso al Ceneval y a sus exámenes para restringir el acceso a la educación, contribuir a mantener estancada la matrícula en las universidades y tratar de convencer a cientos de miles de jóvenes –con los resultados del examen– de que a pesar de que el primer párrafo del artículo 3 les brindaba el derecho a la educación, su futuro no eran los estudios de nivel superior (y menos los universitarios).

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Educación: una apuesta diferente

Durante más de 30 años (1950-1985) se apostó a la burocratización y el corporativismo sindical como la mejor manera de conducir la educación, y fue un fracaso: una educación burocrática y anquilosada. La gran solución, la propuesta empresarial y neoliberal de los siguientes 30 años puso la esperanza de revitalización en el dinamismo del mercado, pero también falló: no hubo mejora y sí represión, Nochixtlán y la noche de los 43. Corporativistas y empresarios ya tuvieron tanto su oportunidad como sus lastimosos resultados: un costo enorme en desperdicio y mediocridad para la educación mexicana. Al nuevo gobierno –que se declara anticorporativo y antineoliberal– le corresponde hacer una jugada distinta a las dos anteriores. Apostar a las maestras y maestros, a las regiones, comunidades y sus proyectos desde abajo para crear un nuevo marco educativo nacional.

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Bilateralidad y nuevas leyes

Si en 2012-2018 lo que explicaba la rebelión magisterial era el despido sistemático, ahora la lucha se está definiendo en torno al rescate de la bilateralidad. Es decir, del reconocimiento de la maestra y maestro como profesionales y actores principales –junto con los estudiantes– capaces de participar en la determinación de las condiciones en que desarrollan su trabajo educativo. Lo que recién ha venido impulsando las protestas y paros en media docena de entidades federativas y el plantón en laCámara de Diputados, han sido las decisiones autoritarias de gobernadores en contra de intereses legítimos de los docentes (como el pago de quincenas, el alto a la represión, la violación de acuerdos).

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Leyes secundarias, ausencias y presencias

Cuando en mayo pasadointegrantes del magisterio manifestaron su inconformidad con los términos en que había quedado el artículo tercero constitucional, la respuesta oficial fue que cualquier inquietud podría ventilarse y resolverse después, en las leyes secundarias. Y a las críticas de que en ese artículo se había cedido prácticamente todo al Pacto por México, la respuesta indicaba no la voluntad propia, sino a la necesidad de acumular votos suficien-tes (dos tercios) para acabar con la re-forma educativa neoliberal. Hoy, sin embargo, a la luz de lo que contienen las propuestas de leyes secundarias, esas explicaciones quedan muy mal. Si, como se afirma, la propuesta de leyes secundarias no fue elaborada con los partidos del Pacto, sino entre la SEP y legisladores de Morena (que no se reivindican como neoliberales) cabe entonces preguntar por qué no se ve esfuerzo alguno por introducir elementos o al menos matices que aminoren el impacto de un artículo tercero que retoma y fortalece los rasgos

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Polarización en acceso a la educación superior

En 2003 Karina y Elizabeth murieron en la Ciudad de México cuando eran apenas adolescentes. Pero no fueron víctimas de la inseguridad capitalina, ocurrió que, por su cuenta, cada una decidió quitarse la vida, en desesperanza por no haber logrado ingresar a una preparatoria de la UNAM y a la Anexa a una Normal. Lo hicieron, además, cuando comenzaba un periodo de esperanza en la educación en la ciudad. Impulsados por las protestas universitarias de 1996, 1998 y 1999-2000 contra las cuotas y la evaluación para el acceso, los jóvenes rechazados de las principales instituciones habían conseguido que se abriera una mesa donde autoridades de la UNAM, IPN, UAM, y jóvenes rechazados podían dar una discusión. En ese momento también Andrés Manuel López Obrador creó una prepa en cada delegación y la universidad del Peje (UACM), sin colegiatura y sin examen de selección. Después de un periodo –1996-2000– sumamente conflictivo y que al final llevó al encarcelamiento y enjuiciamiento de más de mil estudiantes, esta combinación de, por un lado, impulsar que las instituciones federales en conjunto dieran soluciones a grupos específicos de rechazados y, al mismo tiempo, que el gobierno local ampliara sustancialmente el acceso a la educación superior, trajo un inusitado periodo de estabilización y crecimiento de la educación.

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Organismo para la mejora continua de la educación

El proceso de integración del organismo que viene a sustituir al INEE recoge toda la falta de definición, la profunda ambigüedad que hasta ahora ha caracterizado a la propuesta educativa vigente y confirma que no estamos en el rumbo de la profunda transformación de la educación que necesita el país y por la que se pronuncian de múltiples maneras las y los maestros, estudiantes y comunidades (incluyendo padres de familia). Es también un anticipo de lo que vendrá en las leyes secundarias.

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Leyes secundarias, conflicto y salida

El esquema llama al escepticismo: a pesar de que la habían solicitado meses antes, sólo cuando la reforma ya es irreversible el presidente López Obrador finalmente accede a una reunión con los maestros. Y, por eso, el intercambio con ellos tuvo como uno de sus fines inmediatos aliviar heridas, tomarse la foto, ofrecer la resolución de muchas de las importantes demandas prácticamente todo es atendible, dijo, pero que bien se habrían podido cumplir tiempo atrás. Demandas como reinstalar despedidos, dar justicia y reparación a muertos y heridos. Sin embargo, nada de conceder la marcha atrás a la modificación constitucional.

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La errada trayectoria de la nueva SEP

Aún no toman formal posesión del cargo los integrantes de la Secretaría de Educación Pública (SEP) cuando en Guerrero ya tienen en sus manos la primera erupción de un conflicto que viene y que es consecuencia directa de la trayectoria balística que se ha imprimido al manejo del tema la reforma educativa. Las leyes de la física suelen ser diferentes a las de la política, pero las primeras declaraciones en julio; la integración de un consejero del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) a un alto puesto en la SEP; la declaración que éste hace de sólo hacer cambios mínimos (y coincidir así con la OCDE y Mexicanos Primeros); el planteamiento amorfo e individualizado de los foros; la preferencia abierta al SNTE, y, ahora, la creencia de que la solución al enfrentamiento es un exhorto a la conciliación dibujan una trayectoria que aterrizará en la propuesta de rescatar lo más posible de la actual reforma. Pero eso traería un desencuentro entre la administración de Andrés Manuel López Obrador y un sector del magisterio sumamente importante. Y lo peor, un conflicto innecesario, porque AMLO ha sido contundente en el tema de la abrogación total de la reforma del gobierno peñista y en esa dirección hay cada día más convergencias. ¿Qué necesidad?

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Despojo a la ciudad

A diferencia de las demás entidades federativas, que se encargan de la escala educativa completa (básica, media superior y superior autónoma), el gobierno federal nunca ha permitido o facilitado a la ciudad llegar a ese punto. Y ahora sucede que hasta lo poco que ha podido crear –los niveles superiores de educación– es objeto de hostigamiento. No sólo por momentos la Secretaría de Educación Pública (SEP) se suma a la campaña de descalificación, busca aplicar la reforma educativa en la media superior y superior, sino que, ahora, parece optar por el acoso financiero. Ha decidido suspender a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) casi todo el subsidio que ya le había otorgado la Cámara de Diputados. Una medida extralegal y agresiva contra una universidad pública y autónoma, y un despojo a la Ciudad de México.

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