Un presupuesto público sin una apuesta hacia la materialización del Derecho a la Educación

                 
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Fidel Ibarra López*

La realidad financiera está poniendo los pies en la tierra al presidente. Una realidad para nada sencilla: De acuerdo con el Secretario de Hacienda, Arturo Herrera, después de cubrir los compromisos que por ley se deben de cubrir -el presupuesto para los Estados; el pago de intereses de la deuda[1]; las pensiones; los órganos autónomos; y las Empresas del Estado- resta solamente el 18% del total de presupuesto para repartirse entre las diversas Secretarías. Y de ese 18%, la prioridad se sitúa -siguiendo al Secretario de Hacienda Arturo Herrera- en tres temas: a) En los Programas de Bienestar; b) La Seguridad; y c) En el rescate de PEMEX. En esta perspectiva, la educación es prioritaria en cuanto a los programas sociales. Es ahí donde se pone el acento.

Agrego un punto adicional: con este presupuesto que se está presentado por parte del gobierno federal, se avanzará muy poco -o casi nada- en uno de los compromisos más importantes del presidente López Obrador en materia educativa. Me refiero al compromiso de hacer efectivo el derecho a la educación en México. Un tema toral en la política educativa de este gobierno.

De acuerdo con el presupuesto público planteado para el 2020, el gasto público para educación representa un monto de 807 mil 305 millones de pesos. Lo cual se traduce en un 0.5% de crecimiento, en términos reales respecto al gasto público del 2019.[2] Este nivel de gasto público ha sido motivo de crítica en dos sentidos. En primer lugar, se tiene la parte de los recortes en áreas importantes como el caso de “la formación normalista, las escuelas de tiempo completo, la formación continua de docentes y la oferta de modalidades de servicios educativos, como Prepa en Línea y Escuelas de Tiempo Completo”.[3] Y, en segundo lugar, la crítica referente a que este presupuesto no contiene una reestructuración del gasto.

Revisemos el primer punto. En este aspecto, la crítica se perfila en el marco de la contradicción, puesto que se establecen recortes en rubros que se habían fijado como prioritarios en el discurso institucional, como el caso de la formación continua de los docentes y el fortalecimiento de las escuelas normales. Y en el segundo punto, la crítica es más técnica -y por ende más fina-, porque se afirma que la propuesta de gasto público para educación si bien presenta un incremento -aunque poco significativo- con respecto al 2019, tal incremento no viene acompañado de una reestructuración del gasto, debido a que el 98% del presupuesto estaría destinado a gasto corriente; 1.9% a la adquisición de bienes inmuebles (gasto de capital diferente de obra pública); 0.1% a la construcción de obra pública; y 0.02% a gasto corriente por concepto de gastos indirectos de programas de subsidios.[4]

Si se revisan los 12 rubros en los que se subdivide el presupuesto para educación, solamente en 5 se presentan incrementos presupuestarios con respecto al 2019. Y estos rubros son los siguientes: Deporte y Recreación (55.8%); Educación Media Superior[5] (6.2); Investigación Científica (3.4%); Otros Servicios Educativos (7.9%); y Educación Superior (1.3%). En el caso de la EMS, el 25.4% del total del presupuesto lo concentra los recursos para la Beca Universal para los Estudiantes de Educación Media Superior Benito Juárez; y con respecto a la Educación Superior, el 5.8% de los recursos del total del presupuesto lo representa la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro.[6] En contraparte, se reducen los recursos para la Educación Básica (-1.4%); el Desarrollo Tecnológico (-55%); Posgrado (-0.9%); Cultura (-10.8%); y Educación para los Adultos (-0.1%).[7]

Los números anteriores trastocan, en efecto, el discurso institucional que se había planteado a propósito de la reforma educativa que se aprobó en mayo pasado. Y lo sitúa en el plano de la contradicción: se adujo que se iba a realizar A y se terminó planteando B. No obstante, el tema es más de fondo, porque la reforma educativa Obradorista contiene obligaciones para el gobierno federal, como el caso de la infraestructura -al ampliarse la obligatoriedad de la educación hasta universidad-. Lo cual significa entonces, que no es solamente un asunto de discurso, sino de obligaciones que no se podrán cubrir si solamente se destina el 0.1% a la construcción de obra pública.

El problema es que, si no se invierten las prioridades, al final de este sexenio se tendrá a una población -de escasos recursos- con apoyos importantes a través de los Programas Sociales; pero la realidad educativa habrá cambiado muy poco si no se le apuesta a la creación de infraestructura. La materialización del derecho a la educación quedará nuevamente en el tintero. Y los programas sociales pueden echarse abajo si no repite Morena en el poder.

Así, si este gobierno no avanza en cuanto a la materialización del derecho a la educación en México, significará entonces una deuda muy importante para un gobierno que se comprometió a transformar la realidad educativa de este país.

Termino con lo siguiente: en cierta forma, la agenda educativa representa un ejemplo claro de lo que ocurre con otras agendas en el gobierno federal: la apuesta fue muy alta -desmesurada, podríamos decir- con un proyecto como el de la 4T. Los resultados no están correspondiéndose con el compromiso asumido.

Sería bueno que se empezara a cuidar el discurso y a moderar las expectativas. Entre los críticos se están exponiendo las contradicciones de este gobierno; pero en la sociedad se puede generar desesperanza. Y si se mina este último elemento, el proyecto de gobierno se puede dinamitar en su conjunto.

Desde esta perspectiva, el discurso se debe situar en un “sentar las bases” para la transformación de la realidad económica, social, política y educativa de México. Una transformación de fondo, como la plantea el presidente es materialmente imposible en un sexenio. Lleva tiempo y requiere de varias generaciones.

Por lo tanto, el sentar las bases puede ser el legado histórico de López Obrador. Ubicarlo más allá de eso, puede ser hasta contraproducente para la gestión diaria del ejercicio de gobierno. Y la agenda educativa es un ejemplo de ello.

*Investigador Titular del Centro de Investigación e Innovación Educativa del Sistema Educativo Valladolid (CIINSEV).                                                                                                                                                                                                                      

[1] La deuda es uno de los rubros de mayor riesgo para las finanzas públicas del gobierno federal. Representa más del 40% del PIB. Y es una de las herencias más lastimosas del Peñanietismo.

[2] Martínez Vargas, Thamara; (2019), “Gasto Educativo en el PPEF 2020”, CIEP, 7 de octubre. Recuperado de: https://ciep.mx/gasto-educativo-en-el-ppef-2020-impacto-de-la-reforma-educativa-de-2019/

[3] Alonso Ruiz, Rogelio Javier; (2019), “El presupuesto educativo: el desafío a los discursos y a las leyes”, Educación Futura, 5 de noviembre. Recuperado de: http://www.educacionfutura.org/el-presupuesto-educativo-el-desafio-a-los-discursos-y-a-las-leyes/

[4] Martínez Vargas, Thamara; Op. Cit., p. 3.

[5] Hay aumento presupuestario en este nivel educativo; pero se recortan recursos en la modalidad de la Preparatoria en línea, como se apunta líneas arriba.

[6] Ibid., p. 4.

[7] Ibid., p. 5.

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