Comienzo por una propuesta: a partir de ahora, cada vez que alguien diga públicamente “reforma educativa”, deberá depositar 500 pesos en una cuenta para alguna comunidad escolar. Si se va a usar en vano la expresión con tanta frecuencia, al menos que se traduzca en un pequeño fondo para atender necesidades apremiantes.
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En días pasados fuimos a Boca del Río a uno de los Foros sobre educación que está organizando el nuevo gobierno. Dicho evento sirvió como una enorme catarsis contra la reforma educativa y se refrendó que sería derogada. No se avanzó un ápice en la discusión sobre un nuevo proyecto educativo ni estatal, ni nacional. Por el contrario, fue desolador observar cómo los oportunistas de siempre, los viejos líderes sindicales, varios ex funcionarios de la dinosáurica época priísta (esos que dejaron la educación en ruinas y contribuyeron al despojo de los recursos financieros hacia la educación) se paseaban por los pasillos, entraban con sus guaruras y acompañantes obteniendo un trato privilegiado por los organizadores.
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Durante cien años han surgido distintas versiones de planes de estudio para la educación básica mexicana, pero la evaluación había quedado bajo la responsabilidad de los docentes, y para la década de 1970 aparecieron algunas evaluaciones a gran escala para atender el crecimiento de la educación secundaria. El carácter de la evaluación se fue renovando hasta prescribirse el Acuerdo número 200 en 1994, en donde se establecía la escala de evaluación de 5 a 10.
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Se mantiene en suspenso la decisión acerca de suprimir, reformar o dar condiciones de continuidad a las tareas que realiza el Instituto Nacional para la Evaluación Educativa (INEE). Tal parece que la oscilación de posturas al respecto refleja la coexistencia de puntos de vista diferentes entre el equipo de transición en materia educativa, encabezado por Esteban Moctezuma Barragán, y el bloque legislativo de Morena, el cual, desde las dos cámaras, ha manifestado la intención de eliminar la reforma educativa en sus distintos componentes y procesos.
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Hace tiempo escribí en este portal que ejercer la autonomía a nivel individual, escolar e institucional en México es muy complicado. Pensar y actuar por nosotros mismos y de manera razonada es difícil porque “los costos de ser independiente en sociedades con reglas precarias (y anti meritocráticas) son muy altos y muy pocos están dispuestos a pagarlos”. Ponía de ejemplo: Si una universidad pública fundamenta no adscribirse a los programas del Gobierno Federal, es probable que no fluyan los recursos; si un académico cuestiona sistemáticamente el proceder institucional, será marginado o tachado de “grillo”; si el intelectual cuestiona al caudillo, no habrá reconocimientos públicos o “si un órgano constitucionalmente autónomo osa enfrentarse abierta y públicamente al oficialismo, puede perder la simpatía del poderoso” (El difícil ejercicio de la autonomía, 19/11/17).
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En el documento base de Los Aprendizajes clave para la educación integral de la SEP y que pudiera decirse que es el apartado pedagógico de la reforma, (SEP, 2017: 678 pp.). En dicho documento viene un apartado sobre la practica pedagógica, ahí se parte del supuesto o del reconocimiento de que cerca de un 80% de los docentes en nuestro país realizan su táctica a partir de caer en técnicas expositivas o en la difusión de información. Esto es cierto sólo en parte. Los maestros y maestras han aprendido a hacer en la escuela lo que en las mismas escuelas aprendieron, hablar, exponer y dar su versión con respecto a algunos tópicos ligados con el conocimiento científico, el lenguaje, la historia, las humanidades, etc.
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El viernes 14 de septiembre, mi compañero, David Vicenteño y yo entrevistamos al secretario de Educación Pública, Otto Granados Roldán. Fue una conversación abierta, no hubo preguntas a modo, tampoco se trataba de agredir. Interrogamos al secretario al alimón, cada uno inquirió lo que parecía más importante: el reportero la coyuntura y su opinión sobre los hechos presentes; el académico sobre la perspectiva del sexenio y el futuro inmediato.
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Es engañosa la idea de autonomía curricular que se implementará en las escuelas mexicanas. Si bien se trata de los primeros pasos en este tema, los centros escolares mexicanos apenas podrán generar espacios curriculares (denominados clubes) que deberán circunscribirse a los ámbitos de Autonomía curricular que se establecen en el documento Aprendizajes clave para la educación integral. Plan y programas de estudio para la educación básica. Así pues, el colectivo escolar sólo tendrá la oportunidad de generar espacios adicionales en la oferta curricular, sin tocar las asignaturas y contenidos que se establecen en los programas oficiales. De este modo, a diferencia de otros países, en los que incluso se puede diferir el curso de alguna asignatura o redoblar el tiempo lectivo para otra, en México las asignaturas son intocables. Autonomía, en el caso mexicano, significó únicamente agregar espacios curriculares complementarios.
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La educación debe actuar para construir la cohesión y el bienestar del país. Claro, todo dentro de la democracia y sin perder de vista que la organización que México se ha dado a sí mismo es la de una nación. El concepto de México como nación debe ser el punto de partida para pensar la educación.
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Según Martí Batres, la iniciativa de ley pretende derogar el párrafo relativo a la evaluación en el artículo tercero constitucional lo cual abrogaría de facto la Ley General del Servicio Profesional Docente y en consecuencia derogaría también los artículos correspondientes en la Ley del INEE, de la Ley General de Educación y de las Leyes de Educación en las entidades federativas.
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