Educar sí; primero al gobierno (Parte I)

• Bonifacio Barba
• 5 febrero, 2016
• Opinión
• calidad de la educación

Los motivos para afirmar la importancia de la educación se renuevan y multiplican de manera constante al ritmo de la vida social, al paso de las necesidades de las personas, con la intensidad de las demandas de los grupos sociales por un gobierno democrático, sobre todo las demandas que provienen de los grupos excluidos o con malos servicios educativos. Más en particular, la situación de crisis que vivimos exalta la relevancia de la formación de todas las personas con una orientación indubitable para la vida democrática y para la actividad económica productiva y solidaria.

Pero vivimos también una situación paradójica: al tiempo que se valora la educación como necesidad social y personal y como un medio muy trascendente para resolver la apremiantes exigencias del presente y las ya anunciadas -inmediatas y mediatas- del futuro, también ocurre que por sus problemas para alcanzar la calidad y por el papel del gobierno en ese asunto, se produce algo de pesimismo. Y por gobierno debemos tener presente que en nuestro país se trata de los tres poderes de la Unión y los tres niveles administrativos en los que opera, a saber, el federal, el estatal y el municipal. Son muchos los años y muchas las administraciones gubernamentales en los que se han multiplicado las promesas y ofertas de atender la educación y lograr que sea todo lo bueno que la sociedad necesita simbolizado hoy en ‘calidad con equidad’. Las promesas se han encuadrado en el amplio abanico de discursos y programas que van desde una ‘revolución educativa’ hasta una ‘reforma de la educación’.

Uno de los problemas que existe en ese campo de promesas insatisfechas es la unilateralidad de una visión todavía extendida: la educación es algo que, en diferentes formas, es percibida como cosa que depende del gobierno; algo que va desde la administración pública hacia la sociedad. Dos cosas pueden haber contribuido a que esa visión sea dominante: una, que históricamente el Estado mexicano se hizo cargo de la educación, la incorporó a sus tareas y responsabilidades; como derecho, debe ser garantizada, pero la estructura que la contiene es autoritaria, inequitativa. La segunda cosa que contribuye es el verbo con el que la Constitución se refiere a la educación pública: “… la educación que imparta el Estado -Federación, Estados y Municipios-…”.

Es importante poner atención al verbo. Impartir, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, es “Dar o distribuir algo, especialmente de carácter no material”. El Diccionario del Español de México ayuda a completar la noción, pues dice que impartir es “Dar, proporcionar o comunicar alguien que tiene derecho, autoridad o capacidad para hacerlo cierta cosa a una o varias personas…”, y entre los ejemplos de uso que ofrece están los de ‘impartir clases’ -acción que como tal, es sólo un medio para la educación-, y ‘La educación que imparte el Estado…’.

Dada la situación en la que se encuentra la educación, existen actores sociales que cuestionan la autoridad y, sobre todo, la capacidad del Estado para impartir la educación; señalan la falta de responsabilidad de los gobiernos en la atención que dan a sus obligaciones, desde las condiciones de la infraestructura escolar hasta la pertinencia de los planes y programas de estudio y la idoneidad de los docentes, sobre todo los de la educación básica.

El hecho de que el Estado regule la educación e imparta algunos de sus tipos no lo convierte en un ejecutor externo al estilo de un proveedor que llega y deja la mercancía, ni deja fuera de sus principios y valores a todas las personas que integran el enorme aparato gubernamental, no sólo en la educación sino en toda la administración pública. La práctica educativa es un elemento de la práctica gubernamental, por lo cual todas las personas que realizan la segunda deben actuar, hacer realidad, vivir los valores jurídicos de la educación. Y si bien la educación es un derecho entre otros, está unida al conjunto de ellos en el proyecto axiológico constitucional.

Doctor en educación, profesor del Departamento de Educación de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Interesado en el campo de la formación de valores y el derecho de la educación.

Mail: jbbarba@correo.uaa.mx