El arte de la simulación legislativa

Un análisis del Capítulo 8 de la Ley General de Educación muestra el arte de la simulación en que incurren legisladoras y legisladores de este país.

Sabina Itzel Hermida*

Imposible contradecir a quienes afirman que cada que escribo sobre Educación Especial casi todo son críticas, cuestionamientos y negatividad; la verdad es que quisiera que hubiera buenas noticias para difundirlas con bombo y platillo. Tristemente no es así, tiene años que la educación para personas con discapacidad (pcd) es víctima de la fatalidad, las omisiones y el abandono por parte del Estado.

El pasado 21 de junio, se hizo público el dictamen de las Comisiones Unidas de Educación y de Atención a Grupos Vulnerables por el que se aprueba con modificaciones, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Educación, en materia de Educación Inclusiva para personas con discapacidad, tuvimos que esperar más de un año para descubrir que el Capítulo VIII no sufrió cambios significativos, palabras más y palabras menos la esencia es la misma.

Honestamente éramos conscientes y no esperábamos nada extraordinario, sin embargo, aun estando preparados, el nivel de simulación y descaro de nuestros legisladores nos sorprendió. Importante decir que el dictamen aún debe ser aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados y pasar al Senado para su discusión, aprobación y posterior publicación en el Diario Oficial de la Federación, entrando en vigor al día siguiente; la experiencia nos dice que se aprobará sin cambios y sin una discusión profunda porque lo que interesa es “cumplir con el requisito”.

A continuación, algunas observaciones al dictamen:

  1. No se reconoce a la inclusión como una política transversal que involucra a todas las poblaciones en situación de vulnerabilidad, se sigue responsabilizando únicamente a la educación especial de hacerla realidad. Y en la práctica se responsabiliza y culpabiliza a los maestros.
  2. No hay dinero: en uno de los transitorios, el dictamen especifica que no se autorizarán recursos adicionales para implementarlo; con una Ley General de Educación sujeta a disponibilidad presupuestal, la inclusión seguirá siendo un ideal y la legislación letra muerta.
  3.  La consulta no fue consulta: los foros de discusión organizados por el Legislativo Federal no cumplieron con lo necesario para ser considerados una consulta amplia, nacional, transparente, accesible e informada; la participación de personas con discapacidad fue poca al igual que la difusión y el alcance de la convocatoria. Destacó la participación de maestros de educación especial allegados al SNTE, un sindicato que no ha hecho nada para impedir el desmantelamiento de nuestra disciplina y que ha sido partícipe de la catástrofe educativa del país.
  4.  No se tomaron en cuenta las aportaciones y propuestas de las 557 personas que participamos en esa “consulta” y aunque se hubieran considerado ¿Consultar únicamente a 557 personas cuándo la población con discapacidad en México supera los 20 millones? La cantidad de participantes es evidencia clara de que el ejercicio no fue nacional, amplio, informado ni transparente.
  5.  En la discusión no estuvieron presentes personas con discapacidad pertenecientes a pueblos originarios, afromexicanos, migrantes o comunidad LGBTTTQ+, a ellos no se les convocó, no se les involucró y no se les escuchó. 

Lo bueno, lo rescatable (Si lo hay y debe tomarse con reservas):

1. La mención a alumnos con discapacidad psicosocial: invisibilizados en los artículos invalidados y una de las poblaciones más vulneradas, excluidas y discriminadas dentro de un sistema educativo que carece de protocolos de atención y personal especializado en la materia. La expectativa es que se implementen acciones para eliminar las barreras, estereotipos y estigmas que enfrentan.

2. Se menciona a los trabajadores con discapacidad, considero esto un acierto ya que los procesos de inclusión siempre se han centrado únicamente en los alumnos y excluido a los trabajadores de la educación que enfrentan barreras para la participación y quienes viven la discapacidad en primera persona. No únicamente se les debe visibilizar sino que se les debe consultar ante cualquier cambio o reforma.

3. Se da mayor peso a la atención de las aptitudes sobresalientes, otros invisibles dentro de los invisibles; claro está que darles peso dentro de la ley no significa acciones efectivas para su inclusión.

El panorama nuevamente es adverso y el dictamen corre el peligro de ser invalidado nuevamente; Educación Especial Hoy no hemos sido el único colectivo que ha levantado la voz en su contra, la agrupación de padres de familia “Educación Sin Barreras NL” manifiesta lo siguiente:

“Rechazamos enfáticamente el Texto Normativo y Régimen Transitorio de este Dictamen y exhortamos a la Cámara de Diputados y al Senado de la República del H. Congreso de la Unión a NO APROBAR el Dictamen de las Comisiones Unidas de Educación y de Atención a Grupos Vulnerables por el que se aprueba con modificaciones, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Educación, en materia de educación inclusiva para personas con discapacidad, emitido el pasado 21 de junio de 2023, como iniciativa de Ley, a no prestarse a la simulación de reformas y a evitar que los procesos legislativos terminen siendo un obstáculo para el avance de la justicia en nuestro país, como exhortaremos también a la ciudadanía a apoyar de nuevo la solicitud de impugnación, revisión o consulta del Capítulo VIII, sobre Educación Inclusiva, de la Ley General de Educación de nuestro país, porque la búsqueda de una #EducaciónSinBarreras en nuestro país nos compromete a todos a dejar atrás políticas y acciones fallidas e insuficientes, y a realizar verdaderas reformas legislativas y sociales.

La educación inclusiva y la educación especial de todos los estudiantes que desean acudir a una escuela regular o acceder a servicios y modalidades de educación especial, es ante todo un Derecho fundamental pero también beneficia a todas las comunidades educativas, al Sistema Educativo Nacional y a nuestra sociedad y nación, que desde una temprana edad puede vivir y aprender del valor, la convivencia y el respeto hacia las diferencias al interactuar con otros en igualdad de oportunidades y equidad de condiciones, reconociendo a todos aquellos miembros valiosos de nuestra sociedad como sujetos de los mismos derechos en cada una de las etapas de su vida.”

A la inconformidad de suma Grupo TEIDE, un colectivo formado por maestros de Educación Especial de todo el país y organizaciones de padres de alumnos de los Centros de Atención Múltiple (CAM), cuyos hijos no se han visto beneficiados de ninguna manera por la política de inclusión educativa y siguen batallando para que se respeten sus derechos fundamentales.

Como defensores de la escuela pública y el derecho a la educación de las personas con discapacidad; hacemos un llamado a respaldar nuestra exigencia de que se realice una verdadera consulta en los términos que establece la ley, se deje de simular y se destine presupuesto suficiente para garantizar una educación digna. Elevaremos nuestra demanda a las instancias correspondientes para que se revise el dictamen y se dé a la educación la importancia que merece. 

*Especialista en Educación Especial. Tiene 34 años y una discapacidad psicosocial. Es activista y líder del Colectivo Educación Especial Hoy.

Texto publicado originalmente en el porta Yo También
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