El proyecto de mudar el método de financiamiento al Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras implica su desaparición. El Presidente tal vez obtuvo mayor respuesta de la que anticipó cuando la anunció en una de sus comparecencias matutinas y ratificó el 12 de febrero al ordenar recortarles el subsidio de cuatro mil millones a 2.2 mil millones de pesos. Ello, por ser parte —dijo— de “la concepción neoliberal de privatizar”. No sólo fue la reducción del monto, sino que se les entregará a las madres para que ellas decidan qué hacer con el recurso y dónde guardar a sus vástagos mientras laboran.
La contestación (como decían los estudiantes italianos en los 60) llegó de todas partes: academia, partidos de oposición, periodistas, Unesco, feministas y activistas de varios colores. Pero quizá el Presidente resintió más la de mujeres pobres, trabajadoras, que no tienen otra alternativa para el cuidado de sus hijos mientras ejecutan su trabajo.
La plaza pública se regodeó con la gracejada del secretario de Hacienda acerca de que los abuelitos se hicieran cargo de cuidar a los niños. Pero otros analistas señalaron que el método que propone el Presidente es neoliberal, evoca a los vouchers (o bonos) que imaginó Milton Friedman, el economista, padre del neoliberalismo. Dar dinero a los beneficiarios en vez de a las instituciones, decía Friedman, engrandece la libertad de elegir. Y, en algún pasaje, el secretario Carlos Urzúa dijo algo parecido.
Pero, no. En la concepción neoliberal originaria, la transferencia de recursos se condiciona a que el beneficiario asista a la escuela (o a la estancia) ya pública, pero de preferencia privada. En el esquema que propuso el presidente López Obrador la condicionalidad desaparece. Por lo tanto, como señalaron otros observadores, se asienta el afán de crear clientelas.
En el polo superior, la senadora Ana Lilia Rivera, en el nombre de la bancada del Movimiento Regeneración Nacional, presentó la propuesta para la reconfiguración del Conacyt, con la que “se pretende dar un ‘golpe de timón’ a la política científica del país y evitar que el dinero público beneficie a privados” (Excélsior, 11/02/2019).
Es una iniciativa que acentúa el centralismo y desparece órganos de apoyo y deliberación; le otorga un poder descomunal (casi absoluto) a la dirección general. La iniciativa plantea que el nuevo Conacyt absorba la Coordinación de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Oficina de la Presidencia; el Consejo Consultivo de Ciencias; el Consejo General de Investigación Científica, el de Desarrollo Tecnológico e Innovación; el Foro Consultivo Científico y Tecnológico; la Conferencia Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación; la Red Nacional de Grupos y Centros de Investigación; y la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados.
El presidente López Obrador y la directora del Conacyt justifican la iniciativa porque hubo desvíos y se favoreció al sector privado. La corrupción, dijeron, era rampante. Pero no aguantaron la embestida de la prensa y tuvieron que despedir a funcionarios sin las credenciales adecuadas.
Científicos, rectores de universidades y miembros de academias y asociaciones científicas respondieron a la iniciativa. Señalan que es una “propuesta monárquica”, que si hubo faltas y gastos ilegítimos, que se documenten y se enjuicie a los responsables, porque no se justifica desmantelar una institución que ha rendido frutos al país.
Cierto, el Presidente disfruta de un alto grado de aprobación pública, sus charlas matutinas y los subsidios a gente pobre incrementan la confianza en él. Pero abre un frente tras otro: ya no sólo contra la “mafia del poder”, ahora contra la “mafia de la ciencia” y contra madres trabajadoras; éstas quizá parte del pueblo sabio.
Si bien el Presidente escucha, no cambia un ápice lo que, piensa, debe hacerse. No tiene contrapesos formales y los informales, salvo la CNTE, no tienen poder. Un riesgo para él, su gobierno y la República.
