Fideicomisos y Sistema Nacional de Investigadores: ¿última llamada?

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Sylvie Didou Aupetit

Realicé la mayor parte de mi carrera académica bajo el cobijo del Sistema Nacional de Investigadores (S.N.I). Con motivo de sus 25 años de existencia, analicé sus contribuciones a la reorganización de la profesión académica. En ese lapso, las discusiones sobre el S.N.I pasaron de un tono de extrema crítica a uno de relativa aceptación: hoy, se aprecia al S.N.I como una “solución imperfecta”, para retomar la expresión de Héctor Vera (Blog Distancia por tiempos, Nexos, 14 de octubre 2020). Es un paliativo, quizás insatisfactorio, pero útil ante la constante negativa de las autoridades de revalorar salarialmente docencia e investigación. 

Paulatinamente, el S.N.I y los programas institucionales de reconocimiento al desempeño, calcados sobre él, proporcionaron a los académicos un estatuto profesional equivalente, en prestigio y poder adquisitivo, al de sus colegas, en otros países. Les brindaron una serenidad mínima, indispensable para efectuar un trabajo sostenido y de calidad. 

Durante tres décadas y medio de funcionamiento, los reglamentos del S.N.I fueron revisados varias veces. Esas modificaciones permitieron renovar los marcos de actuación y ajustar las temporalidades para la rendición de cuentas. Al incorporar sugerencias emitidas ante los cambios normativos, el S.N.I ganó legitimidad, sobre todo entre los investigadores jóvenes. En 2020, su cobertura es masiva. Agrupa a 33165 miembros en todo el país. El 26.3% está ubicado como candidato, el 51.5% en el nivel 1 y el resto en las categorías 2 y 3. 

Pese a esa estructura piramidal de base ancha, a una cobertura heterogénea según los subsistemas y a diferencias en los montos de los incentivos según la posición ocupada, en la actualidad, el S.N.I es el único mecanismo que integra, a escala nacional, una profesión atomizada.  A diferencia de los rectores y directivos de instituciones de educación superior agrupados en asociaciones nacionales (ANUIES, FIMPES), los académicos y los científicos reivindican sólo débilmente su adhesión a una categoría socio-profesional y cifran su identidad en sus establecimientos de adscripción. 

Aunque sea notorio el activismo de redes que procuran defender intereses profesionales como Prociencia, docentes e investigadores padecen dificultades organizativas para confrontar disposiciones que deterioran sus condiciones de trabajo. Tienden, además, a percibirlas como “las que les tocan a los demás”. La conciencia de que lo que daña a unos, tarde o temprano, perturbará a otros no es tan extendida como uno podría suponerlo, ni siquiera con respecto del S.N.I.

Debido a esa extrema segmentación de la profesión, y aun considerando el descontento causado entre sus integrantes por iniciativas que fragilizaron su imagen social y sus condiciones de desempeño laboral, las medidas lesivas de los que ellos y sus instituciones fueron objetos se han multiplicado en los pasados meses, sin cortapisas reales. Una de las más sonadas ha promovido la extinción de los fideicomisos y ha sido justificada por una supuesta discrecionalidad en el uso de los recursos. Las acusaciones de malversación y deshonestidad, formuladas por múltiples autoridades del sector, ocasionaron expresiones de disconformidad individual y pronunciamientos colectivos en prensa y en plataformas digitales así como la congregación de manifestantes y bloqueos en los accesos a la Cámara de Diputados y al Senado. 

Sin embargo, las movilizaciones, las razones esgrimidas en pro de la conservación de los fideicomisos, la solidaridad internacional de científicos renombrados con sus colegas mexicanos y las pruebas de falsedad en relación a las imputaciones de corrupción, cayeron en saco roto. Desgraciadamente, la demostración científica y las argumentaciones intelectuales no convencieron a los diputados del partido gobernante y a sus aliados, que reunieron el quorum indispensable para votar la desaparición de los Fideicomisos. Aunque el Senado no ha aprobado todavía el dictamen, al momento de escribir este artículo, la sordera deliberada de los legisladores, además de ilustrar la asimétrica relación entre autoritarismo y razón, sumió los afectados en una mezcla de indefensión e irritación.

Y la mata siguió dando. Hace unos días, el rector de la Universidad Iberoamericana, una universidad privada reconocida, declaró que la Directora General del CONACYT se había comunicado con él para notificarle que sus investigadores ya no recibirían el estímulo financiero del S.N.I, aunque hayan sido merecedores de la distinción. El S.N.I reanudaba así una vieja práctica de no pago a los investigadores de establecimientos particulares. No obstante, hacía tiempo que la había abandonado, para pactar esquemas de co-inversión con dichas instituciones e igualar los requisitos para el goce de las ventajas económicas y simbólicas entre los beneficiarios, independientemente de su afiliación. La denuncia de esos acuerdos, ya perennes, en una coyuntura en la que los editorialistas están obnubilados por el devenir de los fideicomisos, no ha suscitado todavía muchas reacciones.

Sin embargo, habida cuenta de las tensiones recurrentes en la relación gobierno/académicos, la noticia no es inocua y abre las siguientes preguntas: ¿Quiénes serán los próximos en la mira? ¿A cuáles individuos, colectivos e instituciones, el gobierno juzgará oportuno quitar “privilegios”, so pretexto de austeridad republicana y de transparencia? Las medidas adoptadas y examinadas en ese texto alteran el funcionamiento de los centros de investigación (principalmente si tienen fideicomisos) y la estabilidad profesional de los investigadores en las universidades privadas. Ahora, ¿A quiénes les tocará el siguiente turno? 

Ante un escenario previsible de deterioro, es tiempo de rescatar y operar mecanismos de compromiso común y de solidaridad. Lo es de dejar atrás años de hiper-individualismo, auspiciado por el complejo sistema nacional de evaluación académica y las políticas públicas de diferenciación institucional de la educación superior. Para avanzar en esa dirección, en una época de sacralización de la sabiduría popular, hagamos caso al refrán: “Cuando las barbas de tu vecino veas cortar, pon las tuyas a remojar”. Más tiempo nos mantendremos pasivos y más cuesta arriba será remontar el declive.

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Sobre Pluma invitada

Un comentario

  1. Es absurdo que en un país con tantasa carencias y desigualdades se de baca a profesores de instrituciones privadas. ¿en que país se hace esto?

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