Parlamento abierto y gobernanza educativa

• Pluma invitada
• 26 febrero, 2019
• Opinión
• Claudia Limón Aguirre

Claudia Limón Aguirre

En primera instancia hago un pronunciamiento sobre conflicto de interés e informo que no estoy afiliada a partido político alguno, representación sindical u otras organizaciones relacionadas al ámbito educativo, con excepción de los planteles a los que como parte de la plantilla docente pertenezco.

La gobernanza es un elemento de la iniciativa Educación para Todos, de la UNESCO; que promueve marcos de acción para la creación de sistemas educativos con capacidad para responder a las necesidades regionales, ampliar el sentido de la rendición de cuentas así como el espíritu de participación promoviendo la descentralización de los sistemas educativos para lograr una mayor equidad.  

Contrario a lo anterior, la reforma educativa propuesta en el año 2013 establece las bases de un sistema educativo centralizado y altamente burocratizado, que se sustenta en un entramado normativo con facultades intermedias que recaen en el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación que entre sus tareas menos relevantes dicta lineamientos a seguir en la serie de procesos administrativo-laborales para la operación de las evaluaciones y asignaciones de plazas del Servicio Profesional Docente.

La idea de dinamizar el sistema educativo para ampliar sus posibilidades de respuesta se vio obstaculizada con la cascada de un sinnúmero de procesos de evaluaciones consecutivas indicados en la Ley que dirigió la atención y acciones de los docentes hacia sus propias evaluaciones para conservar el empleo, priorizando su resultado personal sobre el avance de sus alumnos en un contexto escolar determinado, generó cargas administrativas extraordinarias en las escuelas (notificaciones, obtenciones de claves y contraseñas, emisión de oficios por la inoperabilidad de la plataforma, cubrir ausentismo de docentes por la necesidad de subsanar errores en la gestión administrativa de las evaluaciones) e incluso retardaron la sustitución de docentes frente a grupo al generarse vacantes por los múltiples requisitos que el Fondo para acreditar los interinatos anteFondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE); por tanto, el diseño normativo de la Ley invirtió el interés de los docentes y logró colocar en el centro, no a la escuela y sus estudiantes, sino al Servicio Profesional Docente.

A cinco años años del inicio de su implementación, contamos con cientos de miles de resultados de evaluaciones docentes que se diferencian entre sí por los puntajes obtenidos y por el verbo utilizado para describir el nivel de dominio de un maestro en un aspecto limitado del los indicadores propuestos por el documento “Perfiles, Parámetros e Indicadores” (SEP. 2015). Además, las bases de datos publicadas no permiten determinar en qué rubro y de qué tamaño son las deficiencias de los maestros a nivel global, regional o local y su impacto en el aprendizaje de nuestros estudiantes. La ley especificó con claridad los efectos laborales de un resultado insuficiente y relegó el principio fundamental de vinculación de datos de las evaluaciones con los programas de capacitación pertinentes para cada maestro.

Este efecto fue sin duda un reflejo de la temporalidad establecida en la ley para llevar a cabo las evaluaciones y de la limitada o desarticulada interlocución entre la Secretaría de Educación Pública, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, las autoridades locales en la materia y los maestros e incluso demuestra la desvinculación entre los lineamientos y la realidad escolar inmediata. La lógica centralista operó para dar cauce a los procesos administrativos-laborales y olvidó el objetivo esencial del sistema: atender prioritariamente las necesidades cotidianas y de largo plazo de los estudiantes en un marco de mejora continua de procesos educativos en cada escuela.

Aunado a lo anterior, es de celebrarse y valorarse la intención democrática del la configuración de Centro de Revalorización del Magisterio y la Mejora Continua de la Educación, que representa la oportunidad de involucrar expertos, padres, maestros, organizaciones de la sociedad civil y autoridades en forma colaborativa y horizontal, dejando atrás la etapa de excesivo control burocrático y normas incuestionables basadas en la desconfianza entre los actores del sistema educativo para transitar hacia la pertinencia, la corresponsabilidad y sentido de pertenencia de todos los sectores interesados en la educación e incrementar las posibilidades de éxito al trasladar los procesos a cada secretaría local y finalmente, a cada escuela. Por contradictorio que parezca, la creación del Centro también es la oportunidad de retomar elementos valiosos de la Reforma anterior, siempre y cuando contemos con la humildad suficiente para reconocer que intentar potenciar las capacidades de los docentes para adaptarse a las necesidades de aprendizaje y características de nuestros estudiantes, a través de procesos y criterios de selección de maestros, es una premisa que subyace a todo sistema educativo que pretende mejorar.   

Así como la autonomía no es garantía de relevancia y pertinencia, tampoco lo es dejar las evaluaciones del sistema educativo bajo el control absoluto de la misma Secretaría que lo dirige o a determinados grupos de poder; por tanto, es preciso que los legisladores doten al Centro de Revalorización del Magisterio y la Mejora Continua de normatividad que establezca como principio elemental la rendición de cuentas, la objetividad e imparcialidad en las evaluaciones, la justificación en la selección de los integrantes de su consejo, así como de las decisiones tomadas. Es indispensable, además, que se le dé el mandato de sujetarse a la transparencia, rastreabilidad y comparabilidad de los resultados obtenidos en las evaluaciones, para dar cuenta de la pertinencia en el diseño o ajuste de políticas públicas de formación y capacitación docente con enfoque en la mejora de las prácticas áulicas.

Aprovechando la oportunidad, invito también a los integrantes de estas Comisiones a que en su debido momento, construyan una legislación secundaria de la Carrera Docente equilibrada entre los legítimos derechos al desarrollo profesional y la promoción -sustentado en el logro de los docentes- y deshacerse del menosprecio implícito que conlleva un excesivo paternalismo que desincentiva el mejoramiento continuo de los maestros. Es preciso sí, recibir formación continua y acompañamiento con altos estándares de calidad que fortalezca nuestras áreas de oportunidad, como también lo es establecer reglas mínimas indispensables de obligatoriedad en el desempeño en nuestra función y avances en capacitación.

La reivindicación de la función docente ante la sociedad (como cualquier servidor público) pasa por la rendición de cuentas y las posibilidades que se nos brinde para desarrollar más y mejores capacidad para que nuestros estudiantes aprendan hoy y nuestra adaptabilidad para salir avantes de los desafíos educativos futuros; por tanto, además de contemplar derechos laborales, la normatividad aplicable a la Carrera Docente debe promover y potenciar el sentido de responsabilidad para enfrentar los obstáculos en el aprendizaje de nuestros estudiantes haciendo exigible el cumplimiento de las propuestas de formación y capacitación que oferte el estado para el mejoramiento continuo de nuestra función.

Retomando lo anterior, es su deber como legisladores no caer en el error de creer que a los maestros nos beneficia el clientelismo, el nepotismo o el ingreso sin filtros, evaluaciones o acompañamiento de tutores; muy al contrario, a los docentes en servicio nos facilita el logro de aprendizajes y competencias en nuestros alumnos el hecho de contar con colegas de altas capacidades en niveles previos o simultáneo al que cursan nuestros alumnos; por ello sugiero que se incluya en la iniciativa presentada que en cada proceso del Servicio de Carrera Docente se establecerán los mecanismos de ingreso atendiendo a la objetividad, imparcialidad y transparencia con criterios de selección que se suscriban a las capacidades de los sustentantes y limitar al máximo la injerencia de cualquier sindicato para efectos de crecimiento escalafonario.

Para finalizar, me permito solicitar a los miembros de esta Cámara y a la autoridad educativa que nos acompaña, sostener en la legislación el Servicio de Asistencia Técnica a la Escuela (SATE) que es el medio por el cual es posible orientar y fortalecer las prácticas docentes de manera situada en el contexto en el que se desarrolla el quehacer educativo, además de ser punto de apoyo para el piloteo y puesta en marcha de nuevos programas de capacitación. Optar por desaparecerlo o entregarlo a docentes que no realizaron la evaluación para acreditar sus conocimientos en el área, como a la fecha sucede en los estados de las república, equivale a perder una oportunidad invaluable para enlazar la política educativa con la realidad áulica y la promoción de la mejora continua de los maestros.  

Agradezco la atención y me despido con la esperanza de que mediante este ejercicio democrático, sea enriquecida la propuesta presentada por el Presidente de la República. Los maestros dejamos en sus manos, legisladores, la gran responsabilidad de construir los cimientos del proyecto educativo del futuro, que tendrá impacto en cada uno de nosotros, aunque de mayor trascendencia, en cada escuela y estudiante de este gran país.

*Docente de Educación Básica y Media Superior