La disputa por la legalidad en Oaxaca: el derecho a la representación

• Pluma invitada
• 28 octubre, 2015
• Opinión
• capacitacion IEEPO, CNTE sección 22, Oaxaca situación educativa

 Proyecto de investigación: La Reforma educativa en el marco del derecho a la educación  y el cosmopolitismo

Universidad Iberoamericana, Ciudad de México

Este 21 de Octubre se cumplieron tres meses de la reestructuración del IEEPO por parte de los gobiernos federal y estatal que pusieron fin a los términos de la minuta de 1992, en la cual la Sección XXII de Oaxaca ocupaba un papel preponderante en la organización del instituto y en la gestión de las actividades propiamente pedagógicas que se planificaban en él (Pérez y Urrutia, La Jornada, “Anuncia Cué desaparición del IEEPO”, 21.07.15).

El principal objetivo de esta medida está centrado en el alineamiento del estado con las leyes reglamentarias de la reforma educativa, y por ende,  la recuperación de la rectoría de la educación por parte del Estado, metas ya consignadas por ley. Sin embargo, la verdadera aplicación de dichos objetivos está lejos de alcanzarse.

Por un lado, hay una disputa de validez de criterios de lo que se entiende por legalidad. Para la SEP, es perfectamente válido y legal aplicar descuentos a los docentes que participaron en el paro del 12 de Octubre convocado por la CNTE ya que así lo señala el Servicio profesional docente (SPD). Se trata de 85 mil 296 maestros de 14 estados, de los cuales la mayoría pertenecen a las entidades con mayor presencia de la Coordinadora: 53 mil en Oaxaca, 16 mil en Michoacán, 5 mil en Guerrero y 4 mil en Chiapas. Es representativo el marco en el que el secretario de educación pública, Aurelio Nuño, anunció la penalización a los faltistas: en la inauguración de la quinta sesión ordinaria del Consejo nacional de participación social en la educación, instancia auxiliar del INEE. En dicho evento, Nuño apeló a los directamente involucrados en el conflicto, como los padres de familia, para que exijan a sus docentes que no dejen de lado el cumplimiento con el calendario escolar en función del interés superior de la niñez a una educación de calidad (Poy, Laura, La Jornada, “Sancionará la SEP a 85 mil 296 profesores que suspendieron labores”, 15.10.15). De acuerdo a esta visión los faltistas estarían colocándose en el margen de la ilegalidad y carecerían de autoridad para legitimar sus actos.

Tal es la frontera política en donde comienza la propia visión de legalidad de la Sección XXII, que en voz de su dirigente Rubén Núñez, rechaza las sanciones a los faltistas. Este argumento se basa en  considerar las declaraciones de Nuño como una  intromisión del gobierno federal a la jurisdicción legítima del gobierno del estado en sus asuntos internos. Además, se apela a un argumento similar al otorgado por Nuño a los padres de familia: el derecho a manifestarse por las propias causas, en este caso, el derecho de los docentes a expresar su inconformidad (Thomas, Lupita, Quadratin/El Universal, “Sección 22 considera ilegal descuento a faltistas”,  20.10.15). Pero en el caso de los 291 maestros retirados del Servicio Profesional Docente (SPD) por no haber presentado la evaluación diagnóstica obligatoria al año de haber ingresado en el servicio, ¿quién los representa? Se encuentran en un vacío de representatividad en tanto que se hallan en falta con la ley y en consecuencia se hacen acreedores de una sanción categórica. Y por otro lado, están al margen de una organización gremial que legitime sus acciones de confrontación a lo establecido por la ley. Su estatus es doblemente negado porque no hay voz que justifique sus acciones, quedan como una minoría que se negó a participar por causas supuestamente desconocidas, frente al  99.1 %  de los que participaron en el nivel básico y del 97.4% en el caso del bachillerato (Poy, Laura, La Jornada, “Cese definitivo de 291 maestros que no hicieron la evaluación diagnóstica: SEP”, 16.10.15).

Pero además de estas visiones contrapuestas por la legalidad y el vacío en el que algunos se sitúan, persiste una confrontación de visiones por la formación profesional en el caso de Oaxaca. Si bien la Sección XXII ha perdido su estatus legal en relación al IEEPO, los cuadros que anteriormente trabajaban dentro del Instituto siguen activos. Para hacerse una idea del panorama de confrontación de proyectos en Oaxaca basta con revisar los números a los que convoca cada organización, la del IEEPO y la de la Sección XXII. A través de la Primer Jornada de Formación Continua  “Retos y Perspectivas de la Educación en Oaxaca”, el IEEPO busca capacitar a 10 mil docentes de Educación Indígena en temas de Políticas y Planeación Intercultural, Bases para la Documentación Lingüística, Innovación y Evaluación Educativa, Necesidades Educativas Especiales y Regularización y Profesionalización. Estas jornadas cuentan con la asesoría de instituciones como el DIE-CINVESTAV, CIESAS, UPN, FLACSO entre otras (Educación Futura, “Inician en Oaxaca Jornadas de profesionalización docente”, 21.10.15). Al mismo tiempo, la anterior Dirección de Educación Indígena del IEEPO, aún adscrita a la Sección XXII, convoca a unos 14 mil 500 maestros, también de educación indígena, el segundo subsistema educativo más grande en el estado después de la primaria y que atiende a 300 mil alumnos en las ocho regiones del estado. A esto se suma la inclusión en su programa de una agenda enfocada en mantener la resistencia contra el decreto del nuevo IEEPO (Castellanos, Luis, El Gráfico-Oaxaca, “Preparan asamblea de educación indígena, mantendrán resistencia”,  21.10.15).

En ambos programas se observa un contenido enfocado a la interculturalidad como tema transversal en el estado, los dos cuentan con sus propios especialistas, sin embargo el punto de quiebre se da en el horizonte al que aspiran. Hay una mayor carga de contenidos para la profesionalización en términos de la evaluación planteada por el Servicio profesional docente en el caso del IEEPO mientras que la Dirección de educación indígena de la Sección XXII se mantiene enfocada en hacer del Plan para la Transformación de la Educación en Oaxaca (PTEO) el eje de su propuesta a través de la autonomía curricular en el proyecto educativo. Esta disyunción de programas en el caso de Oaxaca apunta al tema antes planteado, la representatividad. Aquellos que decidan apegarse al programa de profesionalización enmarcado en la evaluación que impulsa el IEEPO estarán cumpliendo con los requisitos de legalidad que les asegura estar incluidos en el sector. Pero al mismo tiempo aceptan sujetarse a las reglas del Servicio profesional docente, entre ellas, la separación del cargo por ausentarse de las evaluaciones obligatorias.

Esa es la frontera en donde comienza la propuesta de la Sección XXII enfocada en la autonomía de su programa (el PTEO) y en la consideración de los términos del Servicio Profesional Docente (SPD) como ilegítimos. La capacidad de la Sección para mantener este programa en pie al margen del IEEPO depende en buena medida del compromiso de los 14 mil 500 docentes del subsistema indígena que se manifiestan en apoyo incondicional a la Coordinadora. Ya no se trata de una minoría de un 1% que no se presentó a la evaluación sino de toda una generación docente formada en una tradición sindical opuesta al SPD y convencida de la autonomía de un programa en el que han participado como el PTEO. Esa misma generación es parte de una estructura sindical que apela a la validez de sus argumentos y que reclama la legitimidad de sus propuestas.

La articulación entre las bases y las dirigencias de la Sección XXII ha sido clave para mantener en pie dicho proyecto alternativo, siempre y cuando haya correspondencia entre ambas. La sección ha mostrado que  promueve la capacidad de decisión de las bases como se observó en la purga de los dirigentes de la Comisión política, sin embargo, su líder máximo, Rubén Núñez, se mantiene en el cargo (Sánchez, Virgilio, Reforma, “Quitan a Núñez poder de negociación, cambian a todos los integrantes de la Comisión política de la sección 22”, 02.09.15). Es decir, hay un límite para la representatividad y decisión que sus bases pueden alcanzar, aun así, su capacidad deliberativa es considerable y sigue siendo el elemento clave en la longeva resistencia que ha mantenido la Coordinadora.

Esto implica que el derecho a la representación se constituye como un aspecto fundamental en la estructuración y continuidad de las políticas. En este sentido, tanto el Estado, a través de su política institucional, como la Sección XXII con su política de resistencia, deben configurar los medios que aseguren mayores canales de representatividad.

En la medida que el Estado otorgue a los propios docentes una mayor iniciativa que vaya más allá de apegarse a las reglas marcadas por el SPD, se podrá comenzar a hablar de una reforma respaldada por el grueso de sus maestros. Al afirmar que habrá diálogo con la CNTE siempre y cuando no se trate de cambiar los términos de la reforma (Valle, Sonia del, Reforma, “No vamos a discutir la reforma- SEP”, 27.10.15), el secretario Nuño solamente refuerza la fe ciega de las bases de la Coordinadora en su dirigencia y en su consigna: la reforma educativa es punitiva.

A pesar de las sanciones por ausentismo, del tono inflexible, etc., los maestros de la CNTE seguirán alineados con su movimiento porque les ofrece algo que la reforma no: iniciativa, mientras que el Estado les pide obediencia. ¿Es posible, incluso sin alterar la ley en materia de servicio profesional docente, que el docente pueda colaborar con la reforma en algo más que su obediencia? Si no hay margen de maniobra entonces significa que está ausente un componente importante en la reforma que haga del maestro más que un vendedor de su fuerza de trabajo en las aulas y en cambio lo promueva como un agente activo en el proceso educativo.