La Escuela ¿al Centro?

• Observatorio del Derecho a la Educación y la Justicia
• 19 abril, 2016
• Opinión
• Observatorio del Derecho a la Educación y la Justicia, prioridades educativas

Por Miguel Bazdresch y Eduardo Arias del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO)

El Observatorio del Derecho a la Educación y la Justicia (ODEJ) es una plataforma para el pronunciamiento público, impulsado por el campo estratégico en modelos y políticas educativas del Sistema Universitario Jesuita (SUJ). Su propósito consiste en la construcción de un espacio de análisis informado y de posicionamiento crítico de las políticas y las reformas educativas en México y América Latina, arraigado en la realidad social acerca de las injusticas del sistema educativo, y recupera temas coyunturales y estructurales con relación a la agenda educativa vigente.

El 25 de enero de 2016, el secretario de Educación Pública, Mtro. Aurelio Nuño Mayer dio a conocer seis prioridades claves para la transformación del sistema educativo mexicano como parte de un plan de trabajo titulado La Escuela al Centro. Su objetivo: mejorar la organización de las escuelas para llevar la reforma educativa a las aulas. El secretario quiere atender así, las problemáticas encontradas en sus visitas a escuelas en todo el país y los diálogos con profesores y directores sostenidos con ocasión de tales visitas. No hay una formulación expresa de cumplir con el derecho a una educación de calidad. No obstante se puede entender de tal modo.

En el primer punto, una nueva organización de la escuela con menos burocracia, se pretende que cada plantel cuente con un subdirector de gestión escolar y un subdirector académico. Y que los  supervisores cuenten con un equipo de apoyo técnico-pedagógico y uno de gestión. Todo esto para reducir la carga burocrática y reorganizar los planteles de tal manera que se puedan enfocar en mejorar la calidad de la educación.

Este enfoque no señala la carga burocrática específica a disminuir, así como tampoco muestra el conocimiento de la carga burocrática que es irrelevante no solo para la escuela sino también para la misma Secretaría de Educación Pública. Parece poco atinado disminuir la burocracia existente mediante la generación de nuevas plazas para hacerse cargo de los procesos burocráticos y de gestión en las escuelas. En otras palabras, la burocracia se pretende resolver con más burocracia, elevando así el costo operativo de las escuelas.

En el segundo punto se propone, más recursos para las escuelas. Se señala que cada escuela recibirá un presupuesto propio para fortalecer su autonomía de gestión, de acuerdo con su matrícula y su nivel de rezago. Con ello la comunidad de cada plantel -director, maestros y padres de familia- podrán decidir de manera colectiva en cuál deficiencia o necesidad invertir el presupuesto. El objetivo: pasar de 50 mil escuelas que actualmente cuentan con este tipo de recursos a través del Programa de la Reforma Educativa y de las Escuelas de Tiempo Completo, a 75 mil.

Cabe recordar que en agosto de 2014 el presidente Enrique Peña Nieto puso en marcha el Programa de Escuelas de Excelencia para abatir el rezago educativo y el fortalecimiento de la autonomía de gestión, el cual se inició en el ciclo escolar 2014-2015 con un presupuesto de poco más de 7 mil millones de pesos. De acuerdo a las reglas del programa, publicadas en el Diario Oficial de la Federación del 18 de junio de 2014 se señala que para garantizar la rendición de cuentas, las entidades federativas deberán hacer reportes trimestrales de los gastos realizados. Sin embargo, en estudio realizado por Instituto Mexicano para la Competitividad (abril 2015) señala que “a siete meses de la fecha estipulada a la entrega de recursos, solo 10 entidades han reportado inicio de acciones en sus escuelas. Las entidades solo pudieron confirmar el inicio del ejercicio del gasto en 1, 362 escuelas. Esto es sólo el 6.8% de las 20,154 escuelas que fueron seleccionadas como beneficiarias del programa”.

El problema de la rendición de cuentas parece ser un problema de obstrucciones, incumplimiento, de sistemas operativos insuficientes, ineficientes e ineficaces, o una mezcla confusa de todo eso, pero generando con ello una clara incertidumbre en el uso de los recursos y una creciente ausencia de credibilidad por parte de la ciudadanía. El derecho a una educación de calidad se vulnera con esas prácticas.

Por otra parte, los recursos asignados a los otros programas oficiales como es el caso del Programa de Escuelas de Calidad (PEC), el cual ha tenido como objetivo el fortalecimiento de la autonomía escolar, presenta en el 2014 un  presupuesto considerablemente menor que el Programa de Reforma Educativa (PEEARE) a pesar de que el PEC tiene una trayectoria de 14 años y un conjunto de evaluaciones y aprendizajes, las cuales lo identifican, al menos parcialmente, como un programa con impacto favorable.

La creación de programas para el fortalecimiento de las escuelas parece responder a una política personalizada, a la que no le resulta importante o conveniente tomar en cuenta el conocimiento acumulado.

El tercer punto referido al fortalecimiento de los Consejos Técnicos Escolares (CTE), pretende incrementar el margen de decisión de los CTE. Sin embargo, en los hechos ese margen de decisión interna es más que irrelevante en el logro de la autonomía escolar, pues se limita a la “flexibilidad” que se da a estos consejos para elegir el día del mes, fecha y hora para dar seguimiento a la ruta de mejora.

El cuarto punto, participación social activa mediante el “fortalecimiento” de los Consejos Escolares de Participación Social (CEPS), los considera la base de la toma de decisiones para resolver las necesidades más urgentes del plantel y su vinculación con la comunidad.

Estos consejos, donde participan representantes de padres de familia, maestros, autoridades educativas, organizaciones de la sociedad civil y de sector social y productivo, buscan  su fortalecimiento mediante “instrumentos efectivos” para que pueda exigir transparencia y rendición de cuentas en cada escuela. No obstante, parece olvidarse que la transparencia es más que un asunto del interior de las escuelas. El problema de transparencia es el destino y uso de los recursos que la federación dice otorgar a las escuelas. Por otra parte, aunque los CEPS tienen la función de que las autoridades escolares rindan cuentas, en el fondo es una actividad empobrecida por lo poco que hay que cuidar; cuando llegan los recursos éstos no dejan de ser escasos o insuficientes; o bien, no se logra tener información clara y precisa de cuáles son los recursos a ejercer y las fechas de su recepción, si acaso se logra superar la infinidad de condiciones para recibirlos.

El quinto punto, mejor uso del tiempo en la jornada escolar,  es tan solo una propuesta de iniciativa ante el Congreso de la Unión para modificar la estructura del calendario escolar, y cada escuela pueda aprovechar mejor el tiempo de estudio. Se propone que cada comunidad escolar pueda optar por diversas formas de organizar su calendario. Este proceso de reforma al artículo 51 de la Ley General de Educación se reduce al modo en el cual la escuela puede escoger si quieren continuar impartiendo las horas de clase en 200 días con los horarios tradicionales o cambiar a un calendario de 185 días con jornadas más largas. No obstante que en el discurso el secretario menciona la necesidad de que se incremente el porcentaje de horas del profesor frente a grupo, ese extremo no se concreta y tampoco parece deducirse cumplir mejor el derecho a la calidad de la educación.

Queda claro que el margen de autonomía de la escuela se reduce a una opción: reducir el calendario y aumentar la jornada. Además, deberá estar claramente justificada ante las autoridades correspondientes. Esta propuesta lleva implícita la ausencia de confianza en las autoridades de cada escuela junto con sus consejos técnicos para organizar los tiempos oficiales de horas/clase, buscando con ello el mejor rendimiento de sus estudiantes.

En relación a la calidad y equidad de la enseñanza se centra en la relación días y horas referidas al promedio que para cada nivel educativo señala la OCDE y deja a un lado otros aspectos indispensables para la calidad y la equidad, tales como pedir a los profesores de cada escuela decidir el tipo de capacitación y formación que requieren con base en el diagnóstico de sus propias necesidades y en sus contextos culturales específicos.

El sexto punto, las escuelas de verano, es solo un proyecto piloto con el fin de ofrecer en escuelas públicas actividades deportivas, culturales, así como de reforzamiento académico a los hijos de aquellos padres de familia que así lo deseen.

Ninguna de las prioridades señaladas por el Secretario de Educación alude a las condiciones administrativas y organizativas imperantes en la mayor parte de las escuelas de los distintos niveles (de preescolar a secundaria), mismas que son multigrado  y muchas de ellas “incompletas”, es decir, que no ofrecen el total de grados de un nivel; tampoco se hace distinción de las escuelas de educación especial y las indígenas, que en conjunto con las de multigrado son cerca de la mitad de las escuelas del país y quizá las que menos podrán aprovechar las prioridades señaladas. No basta querer actuar con base en una idea abstracta de escuela que conlleva un lenguaje excluyente.

En síntesis. Todo este plan de acción no parece tener sustento en una intelección contemporánea del derecho a la educación de calidad, sino que más bien es muestra de una clara falta de profundidad para solucionar los problemas de fondo del sistema educativo que siguen impidiendo a la escuela sea el centro de sus propias decisiones.

Si como sociedad esto es problema de todos, eso no quita que cada quien, especialmente la autoridad, haga bien lo que le corresponde. Como ciudadanos nos toca a hacer transparente lo que se quiere seguir manteniendo oculto, que el derecho a la educación permanece secuestrado por la política. Como académicos nos corresponde seguir apoyando y acompañando a las comunidades educativas de las escuelas a nuestro alcance, para que logren el des-centrase de la política y de las regulaciones que les impiden alcanzar su verdadera autonomía y dar cabal cumplimiento al derecho a la educación de calidad de niños y jóvenes.

Referencias:
http://imco.org.mx/wp-content/uploads/2015/04/2015_Documentocompleto_Escuelas_Excelencia.pdf
http://www.sepyc.gob.mx/escuelasdecalidad/
http://www2.sepdf.gob.mx/principal/programas-escuelas-excelencia.jsp
https://www.gob.mx/sep/articulos/la-escuela-al-centro-1904
http://imco.org.mx/wp-content/uploads/2015/04/2015_Documentocompleto_Escuelas_Excelencia.pdf