Archivo del Autor: Observatorio del Derecho a la Educación y la Justicia

La pandemia del Covid 19 trasladó la escuela a la casa y promovió en los docentes una mayor conciencia por la justicia social

¿Qué cambios se configuraron en el sistema educativo con la pandemia del Covid 19, cuando la escuela se trasladó a la casa y los padres de familia apoyaron el rol de los docentes? ¿Cuáles fueron las estrategias que desarrollan los docentes para poder estar en comunicación con estudiantes y padres de familia que viven cierta precarización tanto en medios urbanos marginales, como en rurales e indígenas? O, planteada de otra manera, ¿por qué se hace necesario formar en los docentes rasgos que les permitan promover una mayor justicia social para poder desarrollarse en diferentes contextos y ante diversas necesidades y requerimientos? 

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Daños y saldos de la pandemia por Covid-19 en escuelas vulnerables: el caso de los Telebachilleratos Comunitarios en México

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A partir de la llegada de la pandemia por Covid-19 a México y el subsecuente cierre de las escuelas por el confinamiento sanitario, el sistema educativo del país se ha visto severamente afectado. Las manifestaciones y efectos han sido diferentes, de acuerdo con características tales como el nivel educativo (preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior); el tipo de sostenimiento (público y privado), y la ubicación territorial (urbana, rural, urbano-rural), entre otros. Sin embargo, en todos los niveles y modalidades se han hecho visibles las grandes desigualdades sociales y económicas entre los alumnos frente al acceso a los aprendizajes y a los recursos para enfrentar esta crisis.

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Una lectura a la educación de la población negra, afrodescendiente, raizal y palenquera (NARP) en Colombia desde el censo de 2018

La Constitución de 1991 afirma la diversidad étnica y cultural de Colombia, y la reconoce como Nación multicultural con la Ley 70 de 1993, que cimienta sus pilares en la admisión de la realidad cultural de las poblaciones afrodescendientes, clave del respeto a sus tradiciones, su historia común y su cultura.  

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El derecho a la ciencia, su exigibilidad social y jurídica: los Proyectos Nacionales de Investigación e Incidencia (3/3)

En dos comunicados anteriores, hemos revisado las bases jurídicas de las políticas del gobierno actual en torno a Ciencia y Tecnología, así como los principales posicionamientos de diversos actores respecto al proceso de implementación de las acciones en curso, y de la elaboración de la nueva Ley de Ciencia, Tecnología y Humanidades. En esta tercera emisión reflexionamos sobre los cuestionamientos que enfrentan las estrategias que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) ha propuesto como vía de solución a “problemáticas nacionales concretas que, por su importancia y gravedad, requieren de una atención urgente y de una solución integral, profunda y amplia” (Conacyt, 2020), a saber, los Programas Nacionales Estratégicos (Pronaces) y los Proyectos Nacionales de Investigación e Incidencia (Pronaii). 

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Educación rural y lenguas indígenas en Oaxaca

De acuerdo con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI, 2009), en Oaxaca se hablan 16 lenguas indígenas, además del castellano. De esta manera, dicha entidad es la que alberga no sólo la mayor cantidad de lenguas originarias, sino también el mayor número de hablantes, pues de acuerdo con la última Encuesta Intercensal del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2015), de un total de 3 967 889 habitantes, 1 205 886 personas mayores de 3 años hablaban alguna lengua indígena, lo cual equivale a 32.3%. Esta situación lingüística es relevante en relación con el promedio nacional, que alcanza sólo un 6.6%. 

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La educación a distancia de carácter mixto en contextos indígenas

Una de las grandes posibilidades y obligaciones, originadas por los acelerados cambios tecnológicos del siglo XXI,  es la especialización continua. Los paradigmas educativos cambiaron de una manera radical;  atrás quedaron las formas de aprender centradas en un proceso memorístico automático regido por un docente presencial. Hoy, gracias a la informática, existe la oportunidad para desarrollar un superaprendizaje autónomo, en el cual prevalece la aplicación de los conocimientos por encima de la memorización automática;  es decir, se aprende haciendo. Pero se debe tener claro que la educación virtual también requiere disciplina, dedicación y organización.

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¿Niños y niñas con talentos en la educación rural?

Este texto emerge desde el acto creador de la acción social y pedagógica activa y dialógica en las escuelas rurales de los territorios de aprendizajes interculturales (Williamson, 2017), donde se recogen aprendizajes y reflexiones desde dos iniciativas de la Universidad de La Frontera, Chile: el “Programa Educacional para Niños, Niñas y Jóvenes con Talentos Académicos” (PROENTA-UFRO) y la Línea de Educación Rural de su Departamento de Educación. A partir de ellos se levanta una reflexión sobre un ámbito de la educación rural escolar muy poco explorado: la diversidad desde la perspectiva de niños y niñas con capacidades y habilidades destacadas y desempeños talentosos. Los estudios, políticas, investigaciones y programas se han enfocado en los niños y niñas en vulnerabilidad social y educacional, para que se constituyan en sujetos del derecho a una educación de calidad, asegurado por el estado en un territorio que sostiene, potencia y amplía sus derechos sin distinción, discriminación o segregación que afecte la dignidad personal y el desarrollo territorial sostenible. También se ha planteado en la educación en general y en la rural en particular, un enfoque de inclusión  asociado, principalmente, a la educación especial de niños y niñas con necesidades educativas asociadas a déficit permanente o transitorio, con diversos enfoques, según el conocimiento pedagógico al respecto,  influyendo la formación de profesores (Auces, 2013); ese proceso ha sido insuficiente respecto de los pobres y excluidos, en particular indígenas,  quienes continúan esperando y reivindicando respuestas de inclusión integral y derechos a la educación rural (Auces, 2019).

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El derecho a la ciencia, su exigibilidad social y jurídica: ponderación de jure y de facto (1/3)

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El derecho a la ciencia, inscrito en la Declaración de los Derechos Humanos (1948), señala en el artículo 27 que: “Toda persona tiene derecho …a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten”. En el año de su expedición, el debate entre los diversos actores se centró en el papel de la ciencia, que debía estar al servicio de la humanidad y el progreso, entre otros, además de señalar que cada país estaba en condiciones de decidir la orientación de la ciencia y su servicio. 

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¿Formación docente en y para la interculturalidad en Escuelas Normales no interculturales?

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Para construir este trabajo revisé los dos últimos estados del conocimiento publicados por el Consejo Mexicano de Investigación Educativa (COMIE, 2003, 2013), que abarcan estudios sobre la temática en los últimos veinte años. Se resaltan los aportes y ausencias de los textos analizados, sin pretender que por ello sea una revisión exhaustiva o descartar la existencia de otros estudios que también aborden el tema. Los estudios en torno a la formación docente en y para la diversidad, según Salinas y Avilés eran, en 2003, incipientes y restringidos a la mera descripción, con muy poco análisis y la mayoría de éstos realizados y consumidos por los propios formadores de docentes y con el objetivo de (re)orientar el trabajo docente. Sin embargo, entre éstos destaca el interés en “propuestas de formación situadas en contextos particulares con estrategias cultural y lingüísticamente pertinentes” (Salinas y Avilés, 2003, p. 180), así como en proyectos conformados por profesionistas indígenas y no indígenas.    Sin embargo los programas de formación docente para la diversidad cultural no son recientes y surgen desde 1960 para la capacitación y actualización docente, caracterizados, en muchos casos, “por carencias y vacíos, así como con una insuficiente preparación en este campo, la falta de dominio de contenidos y conocimientos básicos sobre los pueblos indígenas” (Von Groll, Keyser y Silva, 2013, p. 152), además de que muchas experiencias son generadas y organizadas desde el Estado, por lo que se singularizan por ser integracionistas y asistencialistas (Von Groll, Keyser y Silva, 2013). Diez años después, dichos estudios se convierten en un campo emergente y consolidado dentro de una línea de investigación sobre Instituciones de Educación Superior. Uno de los elementos relacionados con este “cambio” fue la oficialización, pues pasa a formar parte de la política educativa mexicana, del modelo intercultural bilingüe para la población indígena y de la llamada “intercultural para todos” para el resto de la población (ver Jiménez Naranjo, 2009). Esta circunstancia trae como consecuencia la creación de la Coordinadora General de Educación Intercultural y Bilingüe y la apertura de las universidades interculturales, dirigidas explícitamente a la población indígena (Dietz, 2009). Mateos, Mendoza y Dietz (2013) reagrupan los estudios que analizan el enfoque intercultural en la educación superior mexicana en tres rubros: 1) Programas con perspectiva intercultural en universidades convencionales y preexistentes, 2) Visión intercultural en Escuelas Normales donde se forma al magisterio, y 3) Nuevas universidades interculturales.

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Un triunfo el bloqueo a la rescisión de la acción diferida para los llegados en la infancia, DACA, y nueva esperanza para los jóvenes dreamers (Parte 3)

Este 18 de junio de 2020, la Suprema Corte de los EU dio a conocer su fallo contra la cancelación del Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (Differed Action for Children Arraival, DACA, por sus siglas en inglés), que pretendía ser rescindido desde 2017 por el gobierno de Donald Trump. El DACA, implementado en junio de 2012 por el entonces presidente Barack Obama, evita la deportación de una parte importante de la población migrante indocumentada en el vecino país del norte, de acuerdo con diversos criterios de elegibilidad, entre otros, el haber llegado durante la infancia y, según el estado donde se implemente, otorga varios privilegios a quien lo obtiene. Uno de los principales grupos beneficiados es el de los estudiantes o candidatos a estudiantes de educación superior sin estancia legal en ese país, conocidos como dreamers, que sin el programa de acción diferida no podrían acceder de manera legal a estos niveles de estudio. Sin embargo, el DACA también tiene limitantes y limitaciones para los jóvenes dreamers, como veremos a continuación. 

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