La moral y las moras en la reforma educativa

• Pluma invitada
• 7 febrero, 2018
• Opinión
• Lilia M.P. Flores

*Lilia M. Partida Flores

La reforma educativa ha avanzado en el ejercicio del control y las relaciones de poder desplegadas en sus diversas y complementarias dimensiones: administrativa, financiera, sindical, educativa, mediática, política, psicológica, jurídica y laboral. Esta reforma  integrante del conglomerado de mandatos de la llamada hidra capitalista, que no da tregua, en una guerra asimétrica, de clases que además la “estamos ganando los ricos” – célebre declaración del hombre representante del 1%, Warren Buffett- la cual expresa también el sentir de las autoridades educativas; muestra de ello fue manifiesta en el seminario sobre dilemas de la gobernanza, en la cual el antes subsecretario Planeación, Evaluación y Coordinación y ahora titular de la SEP el Mtro. Otto Granados, informó sobre el contexto político magisterial en cuatro entidades federativas conflictivas: Chiapas, Oaxaca, Michoacán y Guerrero y su relación con  la participación de maestrxs en la evaluación, en los cuales –refirió-  ha habido avances con 100 mil  aplicaciones  las 4 vertientes, así como drástica reducción de las movilizaciones y protestas en el periodo mayo-septiembre 2016 y 2017,   de 82,86, 80 y 93%, respectivamente.

Dicho avance en la gobernanza  tiene como “meta superior la educación de la niñez”, (…) “la reforma educativa marca un cambio estructural en las relaciones de poder en sus distintos niveles y el magisterio disidente”.  Se ejemplifica el cambio en la correlación de fuerzas con  Oaxaca en 2015, cuando el gobierno decretó un nuevo Instituto Estatal de Educación Pública (IEEPO) y  desconoció  la personalidad jurídica de la sección XXII. Simultáneamente “congelar cuentas; crear una nueva imagen institucional; contratación e intercambio de capital humano o establecer nueva estructura administrativa” son puntales estratégicos para controlar al magisterio insumiso.

El secretario de Educación Pública Otto Granados  histórico salinista y acérrimo defensor de esta reforma,  refirió la importancia de cambiar el marco jurídico y transformar las leyes para después enfocarse al contenido de la reforma en cuestión, argumentando que las reformas exitosas se concentran en la modernidad.  A su vez aseveró que defenderá “a capa y espada” la reforma educativa  ya que –señaló- es un deber moral  “para que los niños de México tengan una educación de calidad y, con ella, una vida mejor. Nada más que eso, nada menos que eso”.

El exsecretario particular de Reyes Heroles enfatiza que es la reforma  la más importante de la historia de la política mexicana de las últimas cinco décadas, el revertirla   sería un abuso inmoral y grosero en contra de los niños de México, replicó.  Desde su punto de vista y del gobierno que representa, la reforma era inevitable, ya que muchas condiciones lo demandaban. Los obstáculos eran  los intereses corporativos vs. el interés público, el clientelismo vs. el mérito, la simulación y la inercia, por lo que el Estado tuvo que “recuperar” la rectoría y crear las condiciones que se concretaron con el  pacto entre partidos políticos, describió. Refrendó que con la reforma y el nuevo modelo educativo llegará a mediano plazo la calidad, el éxito, la movilidad social y económica sin importar el origen social. Por consiguiente cataloga al Servicio Profesional Docente como ejemplo de transparencia que certifica a los docentes para la calidad educativa tan necesaria para la globalización y la economía del conocimiento del siglo XXI.

Las autoridades educativas intentan construir el mito del “interés superior de la niñez” y la urgencia de alcanzar la “calidad educativa”, pero estos niños son los mismos que no van a escuela o asisten a una  de lámina y letrinas, sin agua y sin luz, con hambre y desnutrición, con una lengua originaria y cultura desdeñadas; que no tienen escuela después de los sismos de 2017; con maestros no normalistas egresados de cualesquier escuela –incluidas las patito-, sin didáctica, pedagogía y sin vocación, pero eso sí proporcionaran   “educación de calidad”, porque ahora con la nueva reforma educativa cualquiera puede ser maestro.

A su vez hay que fortalecer  estos logros –señalan- regulando  grupos de interés, como son directivos, supervisores, liderazgos locales, presidentes municipales, representantes religiosos, padres de familia, organizaciones de la sociedad civil y grupos empresariales, para “contrarrestar mitos como la privatización e incentivar el apoyo social”.

Además de la contundente sumisión vs. cese para menguar la oposición a la reforma está el aparato administrativo de directores, supervisores e inspectores,  quienes alejados de la base magisterial mediante salarios que parten de los 40 000 pesos mensuales  -muchos de ellos antes  profesores con sueldos de hora/semana/mes-  tienen entre sus funciones el convencer, proporcionar materiales y orientación para prepararse para la “evaluación”, advertir de los riesgos del Articulo 53, 69, 74 y  8º. Transitorio de la LGSPD y  de la improcedencia   prevista en el Artículo 61 fracción 23 de la Ley de Amparo. Más aun, vigilar e informar sobre la disidencia.

A la base magisterial tanto por frentes externos como internos se le intenta acallar y/o desmovilizar planteando verdades intrascendentes y victorias pírricas, como lo es el  clasificar a la reforma de 2013 al igual que otras anteriormente promulgadas, ubicarla como otra simulación más que no causa transformación profunda e imposible de llevar a cabo al no contar las autoridades educativas con la logística suficiente para “evaluar” a  1,049,073  profesores a nivel nacional o con falsas esperanzas al valorarla en estado terminal.

En un primer momento se calificó a la reforma educativa como predominantemente laboral por el régimen de excepción impuesto. Los amparos judiciales, las movilizaciones, los cientos de maestros reprimidos y cesados, las oleadas de jubilaciones para evitar la pérdida de derechos dan cuenta de ello. Sin embargo, los alcances  deseducativos hay que visibilizarlos, así los aprendizajes clave, las competencias y destrezas para la vida, el inglés, las habilidades socioemocionales, las tecnologías de la información o el saber hacer, son relevantes para la educación benéfica al mercado. A su vez, la discriminación a las lenguas y culturas madres con su carga racista, excluyente y clasista,  son las vías para la aculturación, desaparición y reconcentración de escuelas con desplazamiento inducido o forzado según los intereses y los apremios neoliberales.

La reforma educativa con sus programas, modelo y plan curricular son sustanciales para el control y el poder, produciendo egresados desarraigados, normalizados, con conocimientos útiles a las empresas, más aún, con  ideas dominantes que internalizan subjetividades funcionales al capitalismo cognitivo.

A manera de muestra en el documento Perfil de egreso de educación obligatoria proporcionado como apoyo didáctico a los maestros, se promueve como modelo de progreso no a un escolar estudioso, cooperador o solidario,  sino a un adolescente vendedor de empanadas, que por medio de la mercadotecnia, creatividad, innovación individual y manejo de frases en otros idiomas, se convierte en emprendedor exitoso y patrón a seguir. El ser adaptable, flexible, autogestivo, tolerante, con control de emociones y el concebir  el empobrecimiento como  “área de oportunidad”, al igual que  beneficios vía motu propio son el arquetipo de ciudadanos para la sociedad del siglo XXI.  

Efectivamente es una obligación moral el cuidar y proteger el derecho a la educación pública, gratuita y laica de 23,172,402 alumnos de escuela pública básica; el exigir no se intente destruir  identidades e imponga el aprendizaje del inglés sobre las lenguas madres y por tanto se restringa el derecho a expresarse en la lengua originaria;  el  dignificar a las escuelas de numerosas regiones donde no hay luz, agua, mobiliario o el local escolar se encuentra en pésimas condiciones; reivindicar la alimentación escolar;  la exigencia de finiquitar la obligación a los profesores a presentar un examen que decida su vida laboral y precarice sus condiciones de trabajo al igual que impedir  la “autonomía” a los padres  para gestionar recursos y  la intromisión de  Mexicanos Primero en la educación. Es un mandato legal, legítimo y moral abrogar los cambios constitucionales y las leyes secundarias que posibilitaron esta regresión educativa.

Combatir el uso de recursos públicos para el enriquecimiento de particulares, el colocar a  la educación al servicio de un modelo económico que en 35 años ha ahondado el empobrecimiento, adverso a vida y al bien común; el adelgazamiento del Estado que cercena derechos a los mexicanos forman parte de los retrocesos de esta reforma educativa que apuntala la mercantilización y privatización de la educación gratuita, y ciertamente, es una inmoralidad no revertirla.