Legitimidad política y ley de educación de Puebla

• Carlos Ornelas
• 3 junio, 2020
• Opinión
• Carlos Ornelas

De acuerdo con José Guillermo Merquior (Rousseau and Weber: Two Studies in the Theory of Legitimacy, Londres, Routledge and Kegan Paul, 1980), hay dos teorías que sirven para explicar la legitimidad política o la acción de un gobernante. La primera se deriva del contrato social, cuyo máximo exponente fue Jean-Jaques Rousseau; la segunda de la sociología de la dominación de Max Weber.

La teoría contractualista apela a una legitimidad de origen que, en una sociedad democrática, radica en las elecciones libres. En esencia, señala que la ciudadanía cede grados de libertad para que el gobernante (o las instituciones del Estado), por medio del ejercicio del poder, garantice su seguridad y sus bienes. Las leyes fijan los límites del ciudadano y del gobernante; éste, en ultima instancia, responde a la ciudadanía por sus acciones.

La teoría de la eficacia en el ejercicio del poder emana de la racionalidad burocrática. En el Estado moderno la legitimidad implica grados de dominación. Para Max Weber existen tres tipos puros de dominación legítima: racional, tradicional y carismática. La de carácter racional: “descansa en la creencia en la legalidad de ordenaciones estatuidas y de los derechos de mando de los llamados por esas ordenaciones a ejercer la autoridad (dominación legal)” (Max Weber, Economía y sociedad, México, Fondo de Cultura Económica, p. 338).

En principio no hay antagonismo entre una y otra teorías; un gobernante puede tener legitimidad de origen y también comandar un gobierno eficaz; hay casos de mandatarios que con todo y que no tuvieron un origen legítimo, se afianzan en el poder porque los ciudadanos creen en ellos. La base de legitimidad es la credibilidad. Cuando ésta se pierde, la legitimidad se erosiona. Atención, el proceso de merma es gradual, no hay quebrantos súbitos, aunque sí pueden darse con cierta velocidad, depende del contexto político y social y del desempeño en el uso del poder.

Cuando el Congreso federal reformó la Ley General de Educación (LGE), que entró en vigor el 1 de octubre de 2019, el presidente López Obrador estaba en la cúspide de su popularidad, su grado de aprobación rebasaba el 70% en casi todas las mediciones demoscópicas. Por eso nadie —o tal vez alguien, pero su reparo no trascendió— se dio cuenta de que el artículo 99 de dicha ley contenía un espíritu expropiatorio.

El texto reza:

Los muebles e inmuebles destinados a la educación impartida por el Estado y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, así como los servicios e instalaciones necesarios para proporcionar educación, forman parte del Sistema Educativo Nacional.

La redacción es ambigua. Que propiedades de particulares formen parte del sistema educativo nacional abre la puerta a que algún gobernante gandalla quiera confiscar o al menos disponer de un patrimonio que no es bien público.

Sin embargo, en 2019, aunque hubo protestas por la ley y la contrarreforma educativa en general, nadie reclamó ilegalidad de tal estatuto. Hubo voces que se levantaron cuando en enero de este año la Secretaría de Educación Pública planteó a los gobiernos de los estados la Propuesta de Ley Marco de Educación para las Entidades Federativas para la armonización de sus leyes con la LGE. No obstante, no hubo reclamos por el tenor del artículo 94, que replica al 99 (citado), nada más con la sugerencia de poner el nombre de la entidad federal y en lugar de sistema educativo nacional, que dijera sistema estatal.

Pero llegó el 15 de mayo de 2020 y el Congreso de Puebla aprobó una replica de la ley marco (también denominada el machote), con ciertos agregados locales. Pero ahora sí hubo brincos; el sector privado de la educación levantó la voz, se inconformó, la prensa le abrió las puertas y se alzó una andanada de reproches a ley Barbosa.

Y vaya que le llovió al gobernador Luis Miguel Barbosa: partidos de oposición, editorialistas y los representantes del sector privado nacional se le fueron a la yugular. Vamos, hasta miembros de su partido, como el senador Ricardo Monreal, lo censuraron.

Empero, el artículo 105 de la ley poblana nada más repite lo que dice el 99 de la LGE y el 94 del machote. En efecto, aunque ahora digan que no tiene la intención de desposeer a los dueños de planteles privados, el texto abona a descreer en la palabra del gobernador y de los congresistas que aprobaron la ley poblana, aunque la crítica todavía no toca al presidente ni al secretario de Educación Pública. Con todo, el engendro que hasta el senador Monreal censura, estaba desde la iniciativa que envió el Poder Ejecutivo Federal de reformas a la LGE y la confección de otras nuevas.

La Cuarta Transformación pierde credibilidad, ya no nada más el “círculo rojo” reclama, también segmentos que antes confiaban a ciegas en el caudillo que aspira a ser “el mejor presidente en la historia de México”. La Suprema Corte tiene que resolver un montón de controversias constitucionales y en las siguientes semanas habrá un caudal de amparos contra la ley Barbosa, tal vez más de tres mil. No se desmorona, pero sí disminuye la “creencia en la legalidad de ordenaciones estatuidas”.

También está en entredicho la credibilidad del senador Monreal —que con frecuencia hace llamados a los miembros de su partido a que sean sensatos— al declarar: “desde mi punto de vista, no refleja el espíritu de la Ley General de Educación que aprobamos hace unos meses en el Congreso de la Unión” (Excélsior, 26 de mayo). Es incongruente que condene algo que él mismo aprobó y hasta festejó.

En fin, no pienso que alguien ponga en duda el origen democrático del gobierno del presidente López Obrador, pero al perder grados de credibilidad por su ineficacia para gobernar, se deteriora su legitimidad política. Cada vez menos ciudadanos están dispuestos a ceder porciones de libertad.