Por una nueva política de evaluación universitaria (I)

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Los orígenes de la evaluación de la calidad educativa, la certificación de profesionales y la acreditación de los programas de licenciatura y posgrado se remontan a ,por lo menos, 30 años. Motivados por la necesidad de crear referentes de desempeño distintos al prestigio heredado, autoridades universitarias, psicómetras, investigadores, y políticos se dieron a la tarea de construir metodologías para evaluar estudiantes, docentes, investigadores, programas e instituciones universitarias.

La pregunta es si ahora la formación en la universidad es mejor que hace 10, 20 ó 30 años. ¿En qué áreas del conocimiento las diversas universidades públicas y privadas presentan mayores fortalezas que sus contrapartes? ¿Ha mejorado el aprendizaje de todos los estudiante a partir de que los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES) han evaluado 7,000 programas y Ceneval ha aplicado cerca de 50 millones de exámenes?

A pesar de los esfuerzos —muy valiosos— que han realizado las propias universidades y organismos como los CIEES, que fueron creados en 1991, el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (Ceneval, 1994) y el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (Copaes, 2000), desde 2008, la Comisión Especial creada por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) observó que existe una separación entre la evaluación y la calidad, entendida ésta como la elevación sostenida del logro académico.

También, desde hace más de dos décadas, investigadoras e investigadores educativos han elaborado una crítica articulada sobre los procesos de evaluación a la educación superior y sobre todo, de sus efectos en ocasiones regresivos. “Queríamos evaluar y terminamos contando”, observaría Angélica Buendía y colaboradores en un lúcido artículo sobre la evaluación del académico (https://educacion.nexos.com.mx/?p=588) La brecha entre la evaluación y la calidad tendrían que preocuparnos a todos (estudiantes, periodistas, docentes, investigadores, empleadores, rectores, legisladores y legisladoras). Sobre todo a la luz de una posible aprobación de la Ley General de Educación Superior cuya iniciativa, por cierto, no presenta de manera “sucientemente clara” cómo deberían regularse los procesos de evaluación y acreditación en la universidad, como bien hace notar Roberto Rodríguez (https://educacion.nexos.com.mx/?p=2509)

Mientras en el nivel de educación básica y medio superior hemos tenido un álgido debate y cambios legislativos, en el nivel universitario aún falta mayor “ejercicio de la razón pública” (Sen). ¿Qué elementos especícos podría contener una agenda para deliberar y poder entonces construir una nueva —y eciente— política de evaluación de la calidad universitaria? Esto lo discutiremos la próxima semana.

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Sobre Pedro Flores

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