Razones prácticas sobre la admisión al servicio docente

• Pluma invitada
• 30 mayo, 2019
• Opinión
• Roberto Leonardo Sánchez Medina

Roberto Leonardo Sánchez Medina*

Con la reforma educativa impulsada por el expresidente Enrique Peña Nieto (2013), se eliminó o al menos eso se intentó, el denominado pase directo y la venta y herencia de plazas, y en su lugar, se implementó como requisito de ingreso al servicio docente, el concurso de oposición basado en un examen de conocimientos y habilidades.

Como era de esperarse, los posicionamientos a favor y en contra emergieron desde diversas latitudes. La mayor crítica que se le hizo, es que no garantizaba que quien resultara idóneo -normalista o universitario-, fuese el adecuado para ingresar al servicio docente, además de que no tomaba en consideración otros componentes producto de la formación profesional, que son valiosos durante el trabajo en el aula. Pero también se escucharon voces en defensa del examen de oposición, que señalaron que por primera vez en la historia, se tenía un proceso que permitía seleccionar a los mejores maestros a través de la evaluación de sus competencias disciplinarias y didácticas.

En este sentido, desde su discurso de campaña el actual presidente López obrador, señaló que cancelaría la reforma educativa de Peña Nieto. Y, en efecto, el pasado 15 de mayo de 2019, se promulgó la reforma educativa, con lo que, entre otras cosas, se suspendió el examen de ingreso al servicio, y en cambio, se estableció que la admisión se efectuaría a través de un “proceso de selección” público, transparente, equitativo e imparcial, donde a su vez, se considerarían los conocimientos, las aptitudes y la experiencia necesarios para el aprendizaje y el desarrollo integral de los estudiantes. Con base en lo establecido en el 3o Constitucional, se podría inferir que se cierra la puerta a la asignación de plazas a egresados normalistas, así como el control de las mismas por parte de las dirigencias sindicales. Sin embargo, en un artículo publicado en El Universal por la Diputada Cynthia López Castro (25/05/2019), señala que el gobierno de López Obrador cedió a los chantajes del SNTE y de la CNTE, y  al establecer que la contratación se rigiera por el Apartado B del 123 constitucional, se dejó abierta la posibilidad de que regresen viejas prácticas al sistema educativo.

De hecho, en la carta enviada por el presidente López Obrador a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) el pasado 27 de mayo, además de invitarlos a participar en la redacción de las leyes reglamentarias, les hace la propuesta de definir el número de alumnos por normal pública y a partir de ello, otorgar plaza a los egresados de dichos planteles. Esto puede ser entendido como una invitación a participar en la construcción de los requisitos -hechos a modo- para asignar plaza a los egresados de educación normal.

De esta manera, la idea de que sea un proceso de selección público, transparente, equitativo e imparcial, tal y como aparece en el texto constitucional se podría cumplir, pero con la particularidad de que los requisitos tendrán el visto bueno de las dirigencias sindicales. Es muy probable que se formule una lista de requisitos que los aspirantes deben cumplir, muy parecida a la que dio a conocer la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente el pasado 21 de mayo, donde se ponderarán diversos factores asociados a sus credenciales educativas y su saber hacer, y en función de ello se asignarán las plazas. Obviamente, se buscará la forma de que ninguno quede fuera de la generosidad sindical.

Para algunos, es motivo de celebración argumentando que el Estado mexicano tiene la obligación de garantizar un empleo a los egresados de educación normal y para otros, esta medida anunciada por el presidente representa un retroceso en la idea de contar con docentes que demuestren su capacidad para responder a las exigencias que plantea la labor docente. Lo que sí queda claro es que la sociedad actual y el desarrollo del sistema educativo requieren de docentes con los conocimientos, habilidades y experiencias suficientes para lograr los aprendizajes de los estudiantes de educación básica, y eso sólo será posible si existen mecanismos objetivos y confiables que los validen.

De flexibilizar los requisitos de ingreso y que éstos queden diseñados a modo, no debería sorprendernos que los estudiantes acudan a la escuela normal sólo para aprobar, culminar sus estudios y obtener una plaza, sin que ello necesariamente implique la apropiación de los contenidos básicos establecidos en el plan y programas de estudios. Se necesita, en consecuencia, mandar la señal a los futuros docentes -esto incluye a los que actualmente están en las aulas y a los que están por ingresar- de que los estudios de educación normal implican compromiso, responsabilidad, esfuerzo e involucramiento con las actividades académicas que tienen lugar en las escuelas normales y en las escuelas de práctica.

Aunque también es importante señalar que si se aspira a que los docentes sean agentes fundamentales del proceso educativo –al menos eso quedó establecido en el 3o constitucional-, es necesario centrar la mirada con mayor precisión en las escuelas normales. Desde mediados de la década de los noventa, se han impulsado diversos programas encaminados a fortalecer y transformar las escuelas normales,  hay indicios de cambios positivos en distintos niveles, pero aún hace falta apuntalarlas como verdaderas instituciones de educación superior.

Se requiere transitar hacia una cultura que enfatice los valores de la autonomía y la libertad académica e institucional y esté articulado y orientado hacia la formación de los futuros docentes. Asimismo, se requiere una nueva plataforma de financiamiento, el reconocimiento a la diversidad de contextos y públicos a los que van dirigidos los docentes, la innovación permanente, el impulso a la investigación educativa, la transformación de modelos y prácticas institucionales, el establecimiento de vínculos cada vez más estrechos con otras instituciones de educación superior a nivel nacional e internacional, y una atención continua a las necesidades de infraestructura, de recursos humanos y económicos que expone cada institución.

En consecuencia, la admisión al servicio docente vía el establecimiento de requisitos hechos a modo, no necesariamente es una garantía de que quienes arriben a las aulas de educación básica sean los más adecuados. Hay que ser muy precisos, la forma en que se regulan y dirigen las escuelas normales desde las instancias estatales, obliga a que diseñen y establezcan las mecanismos necesarios para que prácticamente no se presente la deserción y se incremente la aprobación, lo que favorece que una amplia mayoría de los estudiantes culminen, pero eso no implica que todos se apropien de los contenidos establecidos en los programas de estudios.

Se requiere por tanto, plantear un mecanismo que garantice que realmente lleguen a las escuelas de educación básica quienes muestren compromiso y responsabilidad con los estudiantes y con la educación del país, pero también que porten los saberes necesarios para intervenir ante los diversos mosaicos sociales, culturales y económicos que se presentan en el aula, y para ello, la formación que reciban en la escuela normal es fundamental. Si se establece un mecanismo claro y objetivo de admisión al servicio, los estaremos incorporando a una manera distinta de verse a sí mismos, de valorar su esfuerzo y a la educación del país.

* Licenciado y maestro en Sociología y Doctor en Pedagogía, profesor en la Escuela Normal de Tlalnepantla.