Un acuerdo por consenso

• Pluma invitada
• 29 marzo, 2020
• Opinión
• MARISOL SILVA, miguel casillas

Miguel Casillas

Marisol Silva

Al Foro el derecho a la educación superior y la equidad convocado en el marco de los Foros IBERO por México, realizado a mediados de marzo, fueron invitados una veintena de expertos en educación superior, de muy diversas especialidades y distintas universidades, públicas y privadas. Fue una convocatoria amplia y tuvo como base los principios de un diálogo democrático, franco, respetuoso y sin dogmatismos. El balance inicial de la discusión fue realizado por un entusiasta equipo de colaboradores y expuesto en la sesión plenaria. La Ibero le dará difusión.

En este texto queremos destacar uno de los acuerdos que tuvo mayor consenso: el rechazo al fraude educativo y a las ofertas de educación superior que no pueden comprobar niveles mínimos de excelencia. Se trata de un problema central en la educación superior de México, pues los regímenes anteriores dieron pie a la conformación de un circuito de instituciones de educación superior (IES) -públicas y privadas- que no garantizan que los aprendizajes de sus alumnos sean significativos y pertinentes, que no pueden demostrar que la experiencia escolar de sus estudiantes es de alta calidad, satisfactoria, con sentido; con una formación profesional actualizada, pertinente, comprometida con su sociedad y la protección del medio ambiente. Se trata de instituciones que tienen una oferta fraudulenta, pues sus egresados no dominan los conocimientos profesionales ni son portadores de certificados que tengan algún valor en el mercado profesional. 

Este hecho es notable en el caso de las instituciones particulares que en la década de los 90 se expandieron sin una regulación adecuada. Pasaron de ser 155 en 1990 a 521 en 2000, y a concentrar la tercera parte de la matrícula del nivel, cuando a inicios de esa década tenían sólo el 18%. La inusitada expansión permitió que hoy en México existan 2,109 IES particulares (69% del total de 2,910 IES existentes en el sistema de educación superior). La gran mayoría son establecimientos pequeños (menos de 500 alumnos) que carecen de los recursos fundamentales para brindar educación de calidad, el más importante: profesores calificados y de tiempo completo. En esos entornos prevalecen los valores económicos sobre los criterios éticos. 

En el caso de las instituciones públicas con frecuencia han sido un recurso de intercambio político para ganar legitimidad y respaldo político. En la mayoría de las ocasiones, la expansión y diversificación de las IES públicas se ha basado en una distribución presupuestal inequitativa que no garantizan un gasto por estudiante comparable al de las instituciones más prestigiadas y que restringe el potencial de calidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje.

Desde hace muchos años, la investigación educativa ha denunciado que la expansión de la matrícula en instituciones de baja o nula calidad resulta contraproducente, tanto para los estudiantes, como para la propia sociedad. Para los egresados, pues no tienen las habilidades, conocimientos, competencias y disposiciones culturales para ejercer responsablemente su profesión. Desde el punto de la vista de la sociedad es nocivo, pues dispone de profesionistas incapaces de participar del mercado laboral y escasamente socializados en torno a los valores y referentes culturales que aporta la educación superior para la ciudadanía. Al final siempre es un problema para los individuos y para las familias que los apoyaron.

La desigualdad educativa opone dos tipos de experiencia escolar: por un lado, la que se distingue por procesos formativos de alto nivel de exigencia, con profesores con alta formación académica y buenas condiciones de trabajo, en buenas instalaciones y con acceso a recursos educativos actualizados y suficientes, la que ocurre en instituciones con una vida normada por legislaciones legítimas, con una intensa vida colegida y procedimientos establecidos formalmente. Por otro, la que ocurre con profesores mal habilitados, sin condiciones de trabajo, con instalaciones precarias o insuficientes, sin bibliotecas, laboratorios o centros de cómputo, sin una vida institucional formalizada y sin garantía de un gobierno legítimo y eficiente. Incluso, en ocasiones, ofreciendo títulos sin validez ni reconocimiento oficial de estudios. Se trata entonces de un problema público de la mayor importancia que exige una pronta intervención del Estado pues es su responsabilidad garantizar que la educación superior que se ofrezca sea de excelencia, como dice la Constitución de la República.

El RVOE hubiera podido ser un instrumento eficaz para delimitar la calidad de los estudios ofrecidos por las instituciones, pero tanto la corrupción como la liberalización que favoreció la privatización de la educación superior en la era neoliberal, lo han vuelto un instrumento relativamente inútil para frenar el fraude educativo.

Nos preocupa que el gobierno de la 4T no se haga cargo del problema que sufren miles de estudiantes en las universidades que no pueden demostrar una mínima calidad en sus procesos y resultados; hay un déficit de atención pública para poner freno a la simulación y al engaño.

Nos preocupa más todavía que el modelo de las Universidades Benito Juárez termine siendo un referente para la política pública hacia la educación superior, pues muchas no cumplen siquiera con los requisitos mínimos exigidos por el RVOE, como lo muestra una reciente evaluación hecha a 30 de estas instituciones (https://contralacorrupcion.mx/universidades-benito-juarez-en-el-limbo/#resumen). Resulta dudoso que puedan garantizar una experiencia escolar de excelencia para sus alumnos.

Si esta administración está comprometida realmente con el derecho a la Educación Superior es fundamental no sólo que garantice el acceso a instituciones de educación superior, sino que esas instituciones sean diversas para responder a las necesidades de los diferentes grupos culturales que conforman nuestra nación y, sobre todo, que sean de excelencia académica. Sólo así será posible revertir la inclusión excluyente que han sufrido las poblaciones empobrecidas cuando asisten a instituciones educativas precarias que sólo reproducen las desigualdades sociales existentes.

En el Foro mencionada hubo consenso en demandar al gobierno una política que haga viable el cumplimiento del derecho a la Educación Superior para alcanzar en el 2024 al menos una tasa bruta de cobertura del 50 por ciento. Esto exige una articulación de estrategias que fortalezcan la excelencia académica y la equidad para revertir las desventajas acumuladas que padecen los jóvenes provenientes de sectores empobrecidos. Repetir los caminos ensayados en el pasado no transformará la injusticia educativa. Tampoco es hora de ocurrencias. Consideramos imprescindible reforzar las instituciones públicas para ampliar su matrícula con calidad y crear nuevas instituciones allí donde no existen otras opciones, pero instituciones sólidas, no remedos. Solo así, se camina hacia la justicia, dando más a quienes menos tienen.