Los más grandes enemigos de los jóvenes mexicanos son la propia familia, los cuerpos de seguridad del Estado y el crimen organizado, afirmó el doctor Alfredo Nateras Domínguez, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), durante el foro Violencia de género, juventud y escuelas en México: situación actual y propuestas de su prevención, celebrado en la Cámara de Diputados.

Al dictar la conferencia magistral “¿Qué significa ser joven en México? Reflexiones sobre las identidades juveniles y las subjetividades”, el especialista en psicología y en antropología, expuso que seis de cada diez jóvenes y adolescentes observan violencia al interior de su familia y aproximadamente cuatro de diez la padecen.

“La familia es el enemigo privado número uno de los jóvenes”; la violencia no es hereditaria, se aprende y se repite en los espacios públicos, como la escuela, asentó el coordinador general de diplomado Culturas juveniles: teoría e investigación de la UAM.

El doctor Nateras Domínguez apuntó que el matriarcado prevaleciente en nuestra sociedad es el formador de sujetos machistas, que en aras de demostrar su valentía y su arrojo, presionados o por cuenta propia, ejercen la violencia como forma de legitimación de su poder en el ámbito escolar.

“El enemigo público número uno de nuestros jóvenes son los cuerpos de seguridad del Estado, junto con el crimen organizado” señaló el espacialista. Detalló que de acuerdo con un reporte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en el cual colaboró, actualmente se están criminalizando ciertas prácticas sociales y expresiones culturales en los jóvenes.

“Eres sospechosamente sospechoso de ser joven; si además eres pobre, moreno y con una adscripción reguetonera, entonces se te va complicar la circulación por la ciudad”. Mientras que algunas chicas son tachadas de “putas o carceleras” por ser partícipes de cierta estética o escena identitaria, anotó el académico.

En relación  con las modificaciones legales de los últimos años en materia de seguridad nacional y paz pública, el investigador comentó que “es claro que estamos viviendo una criminalización de la protesta y del descontento social y dentro de esto parece ser que quien mayormente sale perjudicado es una parte de la escena juvenil que disputa el espacio público y sale a la calle”.

Otro ejemplo de criminalización es la excesiva fuerza o violencia con que se detiene a jóvenes consumidores de drogas, como si fueran los líderes de los cárteles del narcotráfico. O bien la existencia de grupos policiales antigrafiti en algunas delegaciones del Distrito Federal, dando por sentado que los grafiteros, por el hecho de serlo, son delincuentes en automático.

De igual forma, señala el académico, los integrantes del movimiento #yosoy132 se han visto amenazados y sus concentraciones y marchas son infiltradas por grupos paramilitares para violentar las protestas y justificar los arrestos, a la vieja usanza priista.

“Los jóvenes mexicanos se encuentra en un estado de precariedad”, afirmó el docente del Departamento de Sociología, ya que tres de cada 10 pobres en México son jóvenes; están a merced de las ejecuciones del crimen organizado, con riesgo de morir asesinados también por marinos, militares y otros cuerpos de seguridad; sirven como pretexto en la retórica del partido político en turno para justificar los presupuestos de programas sociales que no otorgan resultados; y se sienten desvinculados de la familia, la escuela, el trabajo y su nación.

El investigador propuso un nuevo contrato social que apunte al bienestar social, a la democratización de los espacios de la vida pública y a una reforma profunda de las instancias políticas y de procuración de justicia, donde la constitución considere a los jóvenes como sujetos del derecho.

Esto debería ser la guía para la formulación de programas sociales y políticas públicas encaminados al sector juvenil, otorgando a la transparencia y rendición de cuentas un papel preponderante.

Nateras Domínguez planteó la creación de un sistema de evaluación de políticas y programas federal autónomo conformado por académicos e investigadores de las universidades e institutos más prestigiados del país; y un sistema de vigilancia civil que ayude a trasparentar el manejo de los recursos tanto humanos como financieros.

Propuso terminar con la visión paternalista y asistencialista de los programas sociales dirigidos los jóvenes, donde se les considera como sujetos pasivos y no como individuos plenos de derecho; así como crear un Tribunal de Justicia Juvenil a fin de ventilar la violación de los derechos humanos de este sector de la población.

“Dados los altos índices de corrupción en que han estado implicados algunos directores generales del Instituto Mexicano de la Juventud y que los institutos estatales y del Distrito Federal se han convertido en trincheras partidistas, se requiere ciudadanizar a tales institutos”, concluye.

La ceremonia inaugural del foro Violencia de género, juventud y escuelas en México: situación actual y propuestas de su prevención fue presidida por la diputada Margarita Elena Tapia Fonllem, secretaria de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados; el diputado Silvano Aureoles Conejo, coordinador general del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, y las doctoras María Elena Medina Mora, directora del Instituto Nacional de Psiquiatría; Guadalupe Huacuz Elías, profesora de la Maestría en Estudios de la Mujer de la UAM; y Alicia Pereda Alfonso, representante del doctor Eliseo Guajardo, rector de la Universidad Pedagógica Nacional.