Argumentos para una mejor educación / II y última

• Educación Futura
• 24 octubre, 2014
• Opinión
• emilio chuayffet, pablo latapí, SEP

Primera parte, haga click aquí

A las “reforma estructurales” no solo hay que juzgarlas por sus posibles efectos económicos —que aún están por verse—, sino también por la forma en cómo se procesaron. Si son tan importantes como para “mover a México”, ¿por qué se prescindió de la persuasión, debate parlamentario y, finalmente, del “gobierno por discusión?

Dice Giandomenico Majone que la “argumentación es el proceso fundamental que siguen los ciudadanos y los gobernantes para llegar a juicios morales y a la elección de políticas”. La discusión pública, reitera este autor, “moviliza el conocimiento, la experiencia y el interés de muchas personas”, de tal manera de que cada “uno de los participantes se siente alentado para ajustar su visión de la realidad, e incluso para cambiar su valores, como resultado de la persuasión recíproca”.

Ahora con la reforma educativa en marcha y ante las comparecencias del secretario de Educación Pública ante las cámaras de diputados y senadores, ¿cómo se ajustará la “visión de la realidad” de los “participantes de política” (Sabatier) y cómo se podrán modificar valores como resultado de ese encuentro de rendición de cuentas e interpelación pública? ¿Qué habrá advertido y preocupado al titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y a sus colaboradores más cercanos al comparecer ante los legisladores? ¿Qué habrán aprendido los senadores y diputados al cuestionar al secretario Chuayffet? ¿Qué lecciones quedan para la sociedad?

En lo particular, me llamaron la atención al menos tres puntos. Primero, que tanto el secretario de Educación Pública como los legisladores, no hicieron referencia alguna al Programa Sectorial de Educación 2013-2018 (Prosedu). ¿Reforma “mata” programa? Seguramente, se dirá que el Programa estaba implícito en los puntos que el secretario comentó y que todos los temas están alineados al Prosedu. Está bien, pero el Programa constituía un recurso “didáctico” para cuestionar al secretario, ya que si los legisladores hubieran comparado las metas que se establecieron en el Prosedu con los resultados presentados en el Segundo Informe de Gobierno, hubieran identificado mejor los diversos avances e incumplimientos.

¿Sigue siendo entonces vigente la crítica de Pablo Latapí Sarre —hecha hace casi 20 años— de que las preguntas de los legisladores no reflejaban una cuidadosa lectura del Informe Presidencial? Si las preguntas de los legisladores responden a sucesos coyunturales y publicados en la prensa, ¿podrán construirse argumentos por una mejor educación a largo plazo?

Segundo punto. Marco Fernández (Itesm-México Evalúa) resaltó que en el primer Informe de gobierno no hubo cuestionamientos puntuales basados en evidencia empírica y que esto no podía repetirse en las recientes comparecencias del secretario. Lamentablemente, sí se repitió, pues algunos senadores fijaron su posición basándose en sus propias creencias, visiones personales y en evidencia anecdótica. Obviaron el conocimiento científico acumulado. ¿Para qué sirve el presupuesto público asignado a los legisladores para contratar asesores? ¿Acaso no los ocupan en leer las revistas científicas, asistir a foros y prepararse para el debate durante las comparecencias?

La senadora de oposición Mariana Gómez del Campo, por ejemplo, habló en su intervención del bullying y resaltó la necesidad de tener una mejor ley secundaria porque con ésta, dice, los maestros, estudiantes y padres de familia podrían hacerse de la “vista gorda”. ¿En qué estudio o investigación se fundamenta la senadora panista para afirmar una cosa así? La legisladora también afirmó que en su experiencia recibe “muchas denuncias” sobre el acoso escolar. ¿Cuántas son muchas? ¿Por su experiencia personal se debe cambiar la ley?

Pareciera que a la senadora Gómez del Campo la invade más una particular creencia que una reflexión profunda e informada del fenómeno del bullying. ¿Son tan brutos los papás de los estudiantes —y estos mismos— para hacerse de la “vista gorda”? Gómez del Campo remató diciendo que si no “recuperamos los valores que hemos ido perdiendo”, no se podrá combatir la violencia. ¿Y desde cuándo, según ella, los hemos perdido? ¿Desde que el segundo gobierno panista empezó una sangrienta guerra contra el narcotráfico?

Tercero y último punto. Creo a las comparecencias de los secretarios de Estado ante los legisladores las cruza un tipo de neutralidad auto regulada que propicia ejercicios descafeinados de rendición de cuentas. ¿Por qué ningún senador le preguntó al titular de la SEP cómo se están asignando las plazas obtenidas por concurso? Porque seguramente Chuayffet, al responder, resaltaría las ineficiencias de los gobiernos de cada entidad federativa y esto podría interpelar directamente a los senadores.

Cuestionar, por lo tanto, determinadas políticas representa para algunos senadores, “darse un balazo en el pie”. De ahí que aparte del “control parlamentario” que dicen tener las comparecencias de los secretarios de Estado, se requiere también una puntual “contraloría social” sobre la educación, tal como lo han señalado diversos investigadores y representantes de las organizaciones de la sociedad civil.

Un paso para ello, será conocer públicamente las respuestas que el licenciado Emilio Chuayffet se comprometió a dar puntualmente a cada pregunta de los senadores durante su comparecencia del pasado 8 de octubre. Finalmente, los legisladores sólo son representantes de la gente que los eligió.