Oaxaca: la prueba de fuego

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En Oaxaca se pone a prueba la solidez del gobierno de Peña Nieto; allí se verá si está dispuesto a llegar a fondo en su proyecto de reforma en la educación o si cede ante las presiones de la Sección 22 del SNTE, la más fuerte de la CNTE. El ambiente político está cargado de malos presagios, hay muchos actores que toman partido y el gobierno central expide señales confusas. Aunque diga que no, con el hecho de enviar un delegado de la Secretaría de Gobernación para, entre otras cosas, supervisar la contratación de los egresados de las normales, implica que negocia la aplicación de ley.

Tal vez en la Segob y el mismo Presidente no lo consideren así; pero si el gobierno continua cediendo, perderá credibilidad; será un incentivo para que quienes se oponen a las reformas se monten en la protesta social y pretendan conseguir lo mismo. Y como se sabe, la credibilidad es la base de la legitimación política.

Una nota de aclaración. Escribo esta entrega el sábado 23, estaré fuera del ciberespacio por unos días; baso mi análisis sin saber lo que sucedió entre el domingo y el martes.

Sin embargo, los hechos que se desarrollaron la semana pasada proveen suficiente material para preocuparse. El gobernador Cué mandó una iniciativa de ley que refrenda en lo fundamental lo que propone la S22; pero ésta no quedó conforme y varios de sus dirigentes metieron la propuesta “original” al Congreso local. Con el fin de dejar clara su postura, la CNTE continuó con la movilización y la acción directa (que ahora incluye saqueos a comercios y gasolineras). Esos dos proyectos contradicen los principios fundamentales de las reformas de Peña Nieto.

Del gobernador Cué ya no se puede esperar nada. Él ya jugó sus cartas, se le nota resignado. Sospecho que el Congreso local refrendará en lo fundamental la propuesta de la S22. Después de ello, me imagino que se van a dar dos procesos simultáneos. Por una parte, el gobierno federal interpondrá otra controversia constitucional porque la nueva ley no se alineará a los principios de las leyes General de Educación, General del Servicio Profesional Docente y del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Por la otra, al no ser aprobada su propuesta íntegra, hasta con punto y coma, la S22 reincidirá en su fundamentalismo: irá por todo o nada.

Los meses que vienen serán aciagos para Oaxaca. Paros, tomas de carreteras, cierre de edificios públicos y la amenaza de crecer el conflicto y trasladarlo a la Ciudad de México.

Pero los tiempos cambian. Comerciantes, hoteleros y profesionales de Oaxaca le remiten recados al gobierno central diciéndole que ya están hartos (claro lo hacen en un lenguaje comedido) y demandan su acción. Para ellos no ha habido respuesta, ni mesas de diálogo en la Segob. Se sienten abandonados.

Organizaciones civiles, como Mexicanos Primero, columnistas y legisladores alertan de los riesgos de retroceso si el gobierno da marcha atrás. La respuesta del Ejecutivo federal a estos actores es nula. Hasta el secretario de Educación Pública, Emilio Chuayffet, guarda silencio; él tan dado a la defensa de la ley y a enfrentar a quienes la violenten.

Sin embargo, la Segob negocia con la CNTE, designa como delegado (o comisario político) a Juan Molina quien, si el calendario se cumplió, ayer se sentó en Oaxaca con el gobernador Cué y la dirección política de la S22 para regularizar la contratación de personal y validar lo que en la jerga del sector se denomina plantilleo (que en español quiere decir otorgar plazas definitivas a los maestros contratados con anterioridad) y, supone la S22, garantizar la promulgación de su ley.

El jefe de la Oficina de la Presidencia, Aurelio Nuño, declaró que en Oaxaca la Reforma Educativa: “Se tiene que implementar con la ley en la mano y no con autoritarismo” (Milenio digital, 21 de agosto). Es una declaración ambigua, sigue dando ánimos a la S22 y dejando en el aire a los demás actores.

No soy partidario de la línea dura y no pienso que el gobierno pueda reprimir a un movimiento con la capacidad de movilización que le brinda décadas de experiencia. Pero si no manda una línea clara y contundente de respeto a la ley, el Presidente pierde credibilidad y, más grave todavía, corre el riego de enviar sus reformas por un caño.

*Académico de la Universidad Autónoma Metropolitana

[email protected]

Publicado en Excelsior

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Sobre Carlos Ornelas

Carlos Ornelas es doctor en educación por la Universidad de Stanford. Es Profesor de Educación y Comunicación en la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco. Sus intereses de investigación incluyen el estudio de reformas educativas en perspectiva comparada. Su libro, El sistema educativo mexicano: la transición de fin de siglo (México: Fondo de Cultura Económica, 1995), tiene dos ediciones y 15 reimpresiones.

Un comentario

  1. Javier Sánchez Pereyra

    Estimado maestro. Le saludo desde Oaxaca. Considero que sus comentarios acerca de la Ley Educativa presentada por el Ejecutivo no son del todo acertadas. Formé del proceso iniciado en marzo de este año y de la comisión redactora. La Ley tuvo tres ejes, la consulta, los derechos humanos y la transformación educativa. En esta comisión estuvieron representados los dos poderes y la sección 22. En su elaboración se recurrió a la facultad residual y no al espejo como se hizo en otras entidades. En ese entendido, la Ley no contraviene la reforma en tanto acepta de origen ésta. Lo que se legisló es aquello que la federación no hizo. Como por ejemplo incorporar la educación como un derecho y no como un servicio prestado. El Plan para la Transformación de la Educación (Sección IV) dentro de las posibilidades que la misma Ley General de Educación permite. A todos nos queda claro, que de aprobarse, habrá controversia constitucional y ahí habrá de definirse si viabilidad o no. Los comentarios previos a los procesos legislativos son meramente conjeturas. Esperemos con paciencia que los legisladores hagan su trabajo y que en caso, la Corte emita su juicio. Un abrazo.

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