Un hueco alarmante en la gestión del sistema educativo (autén-tico problema nacional) es la carencia de cuadros técnicos calificados para desempeñar las funciones que entraña la dirección de la educación básica a escala nacional y estatal. Esta es una llamada de atención para las escuelas normales, desde luego, pero también para las demás instituciones de educación superior.
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Y sí pasó. En el ciclo de la política pública, el diseño de nuevos procesos es complejo más allá del conocimiento experto, que sin duda requiere. Con pocos o muchos argumentos debe hacerse deseable, y de ahí la tarea es convencer que es algo plausible, que el esfuerzo y los inconvenientes quedarán superados y justificados por los beneficios que aportará.
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El pasado 12 de agosto de 2017, a través del comunicado de prensa no. 68, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) informó que acordó no autorizar los instrumentos para la calificación correspondiente al proceso de Evaluación del Desempeño del personal docente con funciones de Asesoría Técnica Pedagógica (ATP) que ingresó en el ciclo escolar 2015-2016, aludiendo a una insuficiencia en la validez de los resultados generados derivada de errores en el diseño de los instrumentos utilizados en una de las etapas del proceso.
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En un escrito reciente, a propósito de la intención y acciones por parte de la Secretaría de Educación Pública (SEP), mediante el cual se pretende la transformación de las Escuelas Normales en nuestro país, el Consejero Presidente del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), Eduardo Backhoff Escudero, establece, a modo de comparación con las Instituciones de Educación Superior que forman a profesionales de la medicina, una serie de puntos específicos en donde, a su ver, las Escuelas Normales deberían de tomar en consideración para su mejora.
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El 17 de julio fue dado a conocer el documento Resumen de objetivos para la renegociación del TLCAN, elaborado por la Oficina del Representante de Comercio de los Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés). La USTR, adscrita a la Oficina Ejecutiva del Presidente, es la agencia gubernamental responsable de orientar las negociaciones comerciales de rango internacional. Esa capacidad a su vez es regulada por la Bipartisan Congressional Trade Priorities and Accountability Act de 2015.
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La situación sobre la violencia en contra de las niñas, niños y adolescentes (NNA) en México es preocupante. Según el diagnóstico del Plan de Acción de México Alianza Global para poner n a la violencia contra niñas, niños y adolescentes, en nuestro país mueren por homicidio 3 NNA diariamente, siendo la segunda causa de muerte en esa cohorte; 6 de cada 10 NNA han experimentado recientemente algún tipo de castigo físico o psicológico, donde 80% de esos castigos es provocado por sus padres; 4 de cada 10 violaciones ocurren a NNA, entre otros datos reveladores de esa triste realidad.
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De que se mueve, se mueve, me dijo mi amigo El Maestro, con quien hacía meses que no conversaba. Se refería a la acción política del secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño. Comentamos el acto de la semana pasada de la asignación de plazas a los docentes que resultaron idóneos y que escogieron su lugar de trabajo
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El sistema educativo en México es dinámico y lleno de sorpresas, una vez más somos testigos de los virajes que ponen en alerta a miles de docentes y profesionales de la educación. La primera generación de directivos y ATP que entraron al sistema educativo por examen de oposición fue en 2015, sentando el precedente del acceso a la promoción vía mérito; son ahora los mismos que, por fallas del sistema educativo, han experimentado la sensación de riesgo laboral.
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¿Por qué el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) y la Secretaría de Educación Pública (SEP) invalidaron la evaluación del desempeño al término del segundo año del personal que realiza funciones de Asesoría Técnico Pedagógica (ATP)?, ¿qué pasó con la evaluación que ya había sido aplicada a estos APT?, ¿por qué dicha evaluación no cubrió con los criterios técnicos a los que fueron sometidos los ATP si, en los hechos, el propio Instituto de Evaluación es quien fija esos criterios para realizar la evaluación?, ¿por qué no se otorgaron las plazas o bases definitivas prometidas?, ¿por qué se tuvo que posponer y, en consecuencia, por qué serán nuevamente evaluadas esas figuras educativas?, ¿cuál es la verdadera razón por la que de nueva cuenta la SEP y el INEE se equivocaron es la aplicación de estos exámenes?, ¿qué ley o a qué instancia legal pueden recurrir los evaluados para que se amparen ante la falta de obligaciones administrativas que cometió la SEP y el INEE?
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Es común encontrar a la profesión docente en medio de un doble discurso: uno que nos ubica como factores de cambio y mejora de la sociedad y otro que señala que debemos ser controlados y rendir cuentas de nuestro desempeño (Sørensen, 2017). Desafortunadamente, a los maestros se nos suele ver como objetos a cambiar, más que como sujetos copartícipes del cambio (Gil Antón, 2016; Isoré, 2009).
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