La reforma educativa y sus oponentes
El servicio profesional docente
Desde mediados del siglo XX México impulsó la expansión escolar y se lograron éxitos notables en esa materia, pero esa expansión fue guiada por políticas de gestión no siempre adecuadas que dieron lugar a distintas áreas del sistema.
La gestión de la carrera profesional docente –el corazón mismo del sistema educativo—fue una de esas áreas rezagadas. En ella prevalecía un gran desorden: manejo arbitrario de plazas, ausencia de controles y vigilancia, corrupción, vicios al otorgar promociones, incentivos, etc. Para enfrentar este desarreglo, la reforma educativa de 2012-2013 introdujo el servicio profesional docente (SPD). Con este servicio se busca modernizar la carrera profesional docente, dejar atrás el desbarajuste, las prácticas no éticas e impulsar la profesionalización de los docentes dentro de una estrategia que busca, simultáneamente, elevar la calidad de su desempeño en el aula.
Se pensó que el desorden sería superado al incorporar un principio único en la gestión de la carrera docente. El SPD postula que el mérito profesional de cada profesor debe ser el criterio básico para decidir el otorgamiento de plazas, la promoción, el reconocimiento, la asignación de estímulos y la permanencia. Se evalúa para ponderar con objetividad el mérito de cada profesor. En épocas anteriores se trató de estimar el mérito por medio de los estudios y grados académicos, pero esa política no tuvo el efecto deseado: fue desmoralizante comprobar que en muchos casos la obtención de grados y títulos no repercutía de forma significativa en la mejora de la práctica docente y, en cambio, suscitaba en el maestro aspiraciones y expectativas que lo alejaban de la docencia.
El INEE
La segunda materialización culminante –y novedosa– de la reforma educativa fue la (re) creación en 2013 del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) como una entidad autónoma dirigida por personalidades con un perfil ciudadano e independiente. El artículo tercero constitucional estipula que el INEE será la autoridad nacional en materia de evaluación y que a él corresponderá evaluar la calidad, el desempeño y resultados del sistema educativo nacional en los niveles de la educación obligatoria. Dicho de otra manera, al Instituto corresponde diseñar y realizar las mediciones de componentes, procesos o resultados del sistema (Art 3º.- fracción IX). En otras palabras, el INEE es un nuevo poder dentro del sistema educativo mexicano, un poder alterno con capacidad para evaluar prácticamente cualquier aspecto de este sistema y difundir públicamente los resultados de sus evaluaciones. Por añadidura, la ley otorga al INEE la facultad de que, con base en la información que produce, emita directrices que sean relevantes para las políticas públicas. Las autoridades educativas –subraya la ley—deben reaccionar ante esas directrices.
El nuevo modelo educativo
La tercera cristalización decisiva de esta reforma fue el nuevo modelo educativo. Se trata de un planteamiento que recoge experiencias valiosas del pasado e introduce innovaciones fundamentales: definición precisa de fines, aprendizaje como ordenador de la labor docente, currículum con base en aprendizajes clave, incorporación de la enseñanza del inglés, contenidos socio-emocionales, autonomía de gestión de la escuela (escuelas con liderazgo directivo, trabajo colegiado, menor carga administrativa, infraestructura digna, acceso a las tecnologías de información, conectividad, presupuesto propio, asistencia técnico pedagógica de calidad y mayor participación de los padres de familia), derecho de la escuela a decidir (parcialmente) sobre los planes de estudio, impulso al desarrollo profesional de los maestros mediante el servicio profesional docente (que incluye evaluaciones y programas de formación continua), búsqueda de la equidad en el ingreso, en la permanencia y en los aprendizajes y, finalmente, un nuevo esquema para la gobernanza del sistema educativo con base en la participación de todos los actores (autoridades federales, autoridades locales, INEE, sindicato, maestros, padres de familia, sociedad civil y congreso). La realización de cada una de estas formulaciones se presenta en una ruta de implementación que señala la fecha precisa para la ejecución de cada una de ellas. En conjunto, el nuevo modelo educativo es un esfuerzo dirigido a reorientar la docencia hacia el aprendizaje, a fortalecer el ejercicio de la docencia, a vigorizar las escuelas, construir un sistema educativo más equitativo y renovar su gobernanza.
Crónica de un conflicto
Todo cambio institucional crea resistencia entre quienes lo sufren; las innovaciones nos sacan de nuestra zona de confort y exigen de nosotros una readaptación con el entorno. La reforma educativa produjo desacomodos serios en el sistema educativo que no solo afectaron intereses poderosos, sino que crearon inquietud entre ciertos estratos del magisterio.
Un factor que agravó esos desequilibrios fue el hecho de que los contenidos y alcances de la reforma educativa no fueron informados y explicados de manera suficiente y oportuna a los maestros y a las escuelas –aunque surgió una poderosa demanda por información fidedigna. Esa circunstancia influyó para que los cambios tuvieran una recepción pública ambivalente. Al inicio, tuvo acogida positiva en los grupos sociales dirigentes, en sectores sociales medios, en padres de familia y en buena parte de los docentes (una encuesta de Excélsior de diciembre de 2012 informaba que el 87% de la población apoyaba la evaluación de los maestros). En febrero de 2013, el nuevo dirigente del SNTE, Juan Díaz de la Torre llamó a sus agremiados a apoyar la reforma educativa. Después, las expresiones de apoyo fueron poco visibles; en cambio, las de rechazo, encabezado por la Coordinadora Nacional de trabajadores de la Educación (CNTE), tuvieron gran eco público. Las protestas se dieron primero en Oaxaca y el entonces Distrito Federal (Ciudad de México) y, más tarde, se extendieron a Chiapas, Guerrero y Michoacán. Habría que agregar que esas manifestaciones se inscribieron en un clima descontento social y malestar que obedecía a otras circunstancias: había, por ejemplo, una atmósfera de indignación por la desaparición de 43 estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa (septiembre de 2014). El rechazo a la reforma fue apoyado con una campaña de ruidoso activismo político que se extendió durante cuatro años (2012-2016). Este movimiento fue, desde sus inicios, una movilización agresiva, que se acompañó repetidamente de acciones violentas –enfrentamientos con la policía, ataque a inmuebles oficiales, secuestros de personas, clausura de carreteras, vandalismo de tiendas de autoservicio, toma de vías férreas, etc. – cuya gravedad fue en ascenso hasta el punto de representar un serio problema de gobernabilidad. El objetivo de ese movimiento no era dialogar, lo que se proponía era usar la violencia como chantaje para forzar la derogación de la reforma educativa volver al anterior orden de cosas. Una y otra vez estos dos rasgos del movimiento –violencia y escándalo— fueron magnificados por los medios de comunicación. El punto culminante de esa campaña fueron los hechos violentos de Nochixtlán, Oaxaca (19 de junio 2016), donde murieron varias personas.
Este fue el momento más crítico. Se produjo entonces una doble negociación cuyos contenidos y acuerdos no fueron del todo claros: por un lado, la Secretaría de Gobernación pactó con la CNTE y, por otro, hubo un acuerdo entre la SEP y el SNTE, movimientos simultáneos que contribuyeron, de manera decisiva a desactivar el conflicto. Hubo enseguida un periodo de tranquilidad social, pero la beligerancia no se extinguió por completo. Es difícil de comprender que durante este largo proceso de escandalosa impugnación, la parte contraria, es decir, las fuerzas a favor de la reforma, no se hayan expresado en toda su significación. De hecho, durante varios meses de 2016 se observó que, prácticamente, la única figura pública que daba la cara por la reforma era el Secretario de Educación, Aurelio Nuño. Cuadro, lamentablemente, desolador. Por alguna razón extraña, los actores sociales que juzgaban correcta la reforma (maestros, padres de familia, organismos de la sociedad civil, empresarios, universidades, organizaciones profesionales, academias, intelectuales, etc.) mantuvieron a lo largo del conflicto un bajo perfil o un discreto silencio.
Mientras tanto, el discurso de rechazo —con su cauda de mentiras, denuestos y descalificaciones— fue imponiéndose en sectores importantes del magisterio y de la población. El sustento de ese discurso no se encuentra, como se pudiera esperar, en argumentos racionales sino en una actitud elemental de simple repudio a los cambios y en atribuir a éstos una larga cauda de propiedades negativas imaginarias. El movimiento de inconformes ingenió numerosas consignas al respecto: “La reforma educativa no es educativa, es laboral”; “La reforma busca privatizar la educación”; “La evaluación es punitiva”; “Con la reforma, se cobrarán a los padres de familia los libros de texto”; “Con la reforma, los padres de familia pagarán el costo de la energía eléctrica que consume la escuela”; “La reforma fue impuesta por el capitalismo internacional”; “La reforma fue concebida y diseñada por la OCDE”; “La reforma afectará los salarios y la estabilidad en el empleo de los profesores”; “La reforma suprime los beneficios de carrera magisterial”, etc., etc. Esta larga serie de infundios contribuyó a crear confusión y suscitar inseguridad y temor entre el magisterio.
Todos sabemos que una mentira repetida hasta el cansancio invierte su significado. Lo real, sin embargo, es que el SPD se propone –como antes dije— evitar que procesos como otorgar plazas, asignar promociones, distribuir estímulos económicos, etc. se realicen de manera arbitraria y como potestad personal de líderes gremiales o funcionarios corruptos. Esto era lo que ocurría antes de la reforma y eso es lo que se quiere eliminar. El único beneficiario de este cambio es el profesor (que, antes de la reforma, era la víctima forzosa de los abusos). Lo que la reforma busca es premiar el esfuerzo, la calidad y el mérito de los maestros, reconocer y distinguir a quienes más trabajan a favor de la educación. En cambio, la reforma afecta las esferas de la gestión donde existe mayor corrupción.
No es gratuito que la oposición a la evaluación haya tenido su centro de gravedad en Oaxaca y haya sido dirigida por la sección 22 del sindicato. En esta entidad se gestó, desde los años 80, una relación perversa entre políticos locales y líderes sindicales que derivó en un pacto que estipuló ceder a la sección sindical la dirección de la educación estatal (el Instituto Estatal de Educación Pública). Esto dio origen a uno de los casos más escandalosos de corrupción en el país. Los beneficiarios materiales de la corrupción fueron, desde luego, los líderes sindicales y la simbiosis infame de autoridad educativa y sindicato se prolongó durante tres décadas. Este nudo de intereses fue roto, tajantemente, por la reforma educativa.
Lo anterior explica, al menos en parte, la virulenta reacción de los líderes del magisterio oaxaqueño ante el SPD. Hay que decir, además, que en esta misma entidad se dieron los hechos más violentos contra la reforma: sabotaje sistemático a las evaluaciones, persecución de los docentes que acudían a ellas, agresión contra las autoridades educativas, secuestro de materiales y equipo destinado a las evaluaciones, etc. Hubo una agresión todavía más feroz contra los profesores que participaron en la evaluación de desempeño de 2015 y que obtuvieron calificación buena o destacada. Lo que ocurrió fue, literalmente, un linchamiento moral. Estos maestros fueron además objeto de agresiones físicas, persecución y ataques infamantes (como el ser trasquilados “por traidores”).
Política vs educación
El escenario político que suscitó la reforma educativa no es fácil de explicar pues en él se mezclaron circunstancias diversas: el malestar social que azota a la región sur del país, el descontento del público con el partido gobernante, las pugnas intergremiales, la obsesión por el poder de algunos líderes sindicales, las disputas por la sucesión presidencial, las provocaciones policiacas, etc. Lo que es obvio es que en este escenario han intervenido recurrentemente intereses extra-educativos. Es lamentable, sin embargo, que uno de los proyectos más serios y ambiciosos para introducir correctivos fundamentales en el sistema educativo se vea amenazado por circunstancias políticas.
En particular, son preocupantes los efectos que sobre la educación pueda acarrear la sucesión presidencial de 2018. En su afán por conquistar votos, los líderes políticos no vacilan, por lo visto, en poner la reforma educativa en entredicho. Preocupa de manera principal que el precandidato más conspicuo ya se haya manifestado –sin ambages– contra la reforma educativa. Obviamente las posturas políticas no necesitan ni argumentos ni análisis, frecuentemente son meros juicios taxativos o proclamas oportunistas.
No se trata de defender la reforma educativa como si fuera palabra sagrada. La reforma es perfectible (existen evaluaciones serias que identifican sus problemas). Lo que alarma es el rechazo totalitario y absoluto que pretende echar por la borda todo lo que se ha conseguido. Es sumamente preocupante que en el del debate político actual se esté hablando de “derogar la reforma educativa”. ¿No es evidente acaso que al echar abajo la reforma se produciría una incalificable regresión? ¿Estamos ante la perspectiva de un nuevo retroceso en el sistema educativo? ¿Podemos dar un paso atrás en esta materia? ¿Una vez más los intereses políticos acabarán imponiéndose sobre los intereses educativos?
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