El derecho de las personas con discapacidad a ser consultadas

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Sabina Itzel Hermida Carrillo/ Colectivo Educación Especial Hoy

Participación en la mesa de diálogo “Alcances y limitaciones sobre la creación de disposiciones legislativas en materia de salud mental.” / Comisión Nacional de Derechos Humanos CNDH

 

“Nada sobre nosotros sin nosotros” es un lema potente reducido a palabras vacías y buenas intenciones.

Soy una persona con trastornos mentales, que no busca maquillar su condición detrás del discurso políticamente correcto; soy usuaria de la psiquiatría y agradezco parte de mi bienestar a los fármacos que tomo desde hace años, acompañados de otros tratamientos.

Me manifiesto abiertamente en contra de las narrativas y discursos que romantizan los trastornos mentales, niegan las diferencias y buscan imponer la idea de que absolutamente todos podemos ser “funcionales”.

Considero un grave error la satanización del enfoque médico para la atención de las personas con discapacidad y minimizar el impacto de los trastornos mentales en nuestra vida, la de nuestras familias y la de la comunidad.

En México, hablar de derechos humanos, inclusión y consulta a las personas con discapacidad es un discurso de moda y una herramienta para la imposición y la violación de esos derechos humanos fundamentales que se pregona defender.

¿Recuerdan alguna ley, disposición, tratado, normativa o reglamento qué haya sido consultado de manera amplia, transparente, nacional y accesible con todos y todas las personas con discapacidad en nuestro país?

NO EXISTE.

La propia Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad fue impuesta sin tomar en cuenta la opinión de todas y todos, se trata de un tratado internacional vinculante, realizado y pensado para personas funcionales; es decir: inclusión que excluye, que impone y que se asume como verdad absoluta. No está clara cuál fue la participación de todo el colectivo en el planteamiento de dicho tratado, mucho menos si se trata de indígenas con discapacidad quienes históricamente han sido minimizados en sus opiniones.

Considero que la principal limitación para la creación de disposiciones legislativas en materia de salud mental (y en cualquier otra materia), son los espacios de decisión coptados, las consultas “a modo”, la manipulación del enfoque de derechos humanos y el desconocimiento y descalificación de las opiniones, sentires y realidades disidentes que vivimos, enfrentamos y construimos muchos y muchas personas con discapacidad.

Aunque el Artículo 4, Numeral 3 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Observación General N° 7 del Comité de Discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas, establecen el derecho a la consulta y pretenden aclarar todo lo relativo a nuestra participación en la toma de decisiones; se nos sigue sometiendo al criterio y voluntad de unas cuantas organizaciones poderosas que se asumen y son asumidas como representantes de todos; es decir: interdicción legitimada por quienes deberían velar por el ejercicio de nuestros derechos.

Esto quiere decir que toda la legislación que nos afecta directa e indirectamente tendría que ser derogada o invalidada; ejemplo claro de lo arriba mencionado es la Reforma Educativa 2019 y sus Leyes Secundarias, las cuales fueron legisladas, aprobadas e implementadas sin consultarnos.

 

Es interesante analizar por qué la reciente iniciativa de Ley General de Salud Mental causó tanta inconformidad mientras se dejó pasar muchas reformas y leyes igualmente violatorias de nuestros derechos; de igual manera es digno de analizar las acciones de muchos colectivos defensores de derechos humanos que han apoyado legislaciones que les benefician, aunque no hayan sido consultadas.

Legislar para unos cuantos, sus intereses, sus ideologías, sus negocios y sus agendas particulares es una práctica profundamente arraigada; la ley es violada sistemáticamente con la complicidad de instituciones como la CNDH, CONADIS, CONAPRED, COPRED y otras que trabajan, actúan y recomiendan “a modo”, ignorando y omitiendo violaciones de derechos cuando “la presión social no es suficiente” y cuando “no conviene a los intereses de los poderosos”; incluso los espacios de expresión como este, se realizan únicamente si hay suficiente raiting.

Es decir: si el agravio a tus derechos no causa ruido mediático, tu queja se perderá en los archivos institucionales y morirás esperando apoyo o respuesta alguna.

La realización de consultas amplias, transparentes, nacionales y accesibles está lejos de ser una realidad; si no somos representados por alguna organización de la élite de la discapacidad, nuestra opinión no vale; si la opinión se contrapone con el discurso oficial o el discurso de alguno de esos grupos, tampoco vale.

Necesario aclarar que todos y todas las personas con discapacidad tenemos derechos a opinar y a participar activamente en los procesos de toma de decisiones y en la construcción de legislaciones que beneficien a todas y todos; no reproducir los discursos oficiales y románticos, no es pretexto para no tomarnos en cuenta; la ley es para todos ¿Acaso queremos otra Reforma Educativa? 

“Ninguna política nacional o internacional está por encima del derecho a la dignidad humana”.

 

 

Colectivo Educación Especial Hoy

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