El Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2012 es un extenso documento del cual podemos extraer valiosa información para formular preguntas y emprender una revisión de los actuales procesos de política educativa.

Contrario al tono triunfalista de los informes de gobierno, el documento de la ASF destaca más las fallas que aciertos debido a su naturaleza fiscalizadora. Veamos algunos de los problemas que presenta el sector educativo y reflexionemos sobre las causas que los originan.

1. Decisiones discrecionales. La ASF es clara. 90 por ciento de los recursos ejercidos en el Programa de Habilidades Digitales para Todos (HDT) se utilizaron para realizar la “contratación directa de universidades para realizar desarrollos informáticos y asesorías”. Tal decisión de los servidores públicos de ese entonces, “no garantizó las mejores condiciones para el Estado, en cuanto a precio, calidad y oportunidad”. Es decir, nos “llevaron al baile”. ¿Qué espacios abre el ejercicio del poder en la Secretaría de Educación Pública para actuar de manera discrecional e ineficiente? ¿Es verdad que los secretarios viven el “Imperio de las Restricciones”, como observaría un ex titular de la SEP? ¿Qué tendremos que hacer los ciudadanos, legisladores, organizaciones civiles y medios de comunicación para promover la auto-regulación del funcionario público? ¿Cómo conciliar la transparencia con una toma de decisiones eficiente?

2. Procesos de política tradicionales. Si bien la agenda educativa ha sido delineada de manera más o menos consistente (e.g. énfasis en calidad o mayor atención a los procesos educativos que a los insumos), el proceso de políticas se entorpece debido a una implementación deficiente. Según la ASF, la SEP “no dio seguimiento ni evaluó la implementación” del Programa de Escuelas de Tiempo Completo (PETC). ¿En qué se tenía que fijarse el “ministerio del pensamiento”? De acuerdo con el Informe, en actualizar al personal directivo, docente y de apoyo; adquirir material didáctico; y establecer servicios de alimentación para los estudiantes con el objetivo de que el PETC funcionara bien.

Si la etapa de la implementación no recibió la atención suficiente, la evaluación de políticas y programas tampoco fue una etapa cuidada por parte de la SEP. El Informe de la Cuenta Pública de 2012 reveló que no hubo información sobre “los resultados de los programas de formación continua y superación profesional” en los que participaron más de un millón de figuras educativas entre docentes, directivos, asesores técnico-pedagógicos y supervisores. Asimismo, la SEP “careció de información y de indicadores para medir el cumplimiento del objetivo del Programa Escuela Siempre Abierta” (PRESA).

Si los programas que llevan algunos años operando, no presentan rigurosos esquemas de evaluación que muestren si funcionan o no para elevar el aprendizaje de las niñas, niños y jóvenes, ¿qué podemos esperar de las nuevas iniciativas propuestas en el Programa Sectorial de Educación 20013-2018? ¿Entrará el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación a la discusión sistemática de las metodologías y enfoques para evaluar las políticas y programas educativos?

3. Desprecio por el conocimiento. A pesar de que la investigación educativa (IE) ha advertido de los posibles errores en la formulación de políticas y programas, los tomadores de decisión pública parecen hacer oídos sordos y lanzan sus iniciativas sin que haya un “diálogo informado”. Desde diversos espacios, los investigadores señalamos, por ejemplo, lo limitado que eran los programas de estímulos económicos a los docentes. Bueno, pues la ASF ahora corrobora que los “resultados de la prueba Enlace en el ciclo escolar 2011-2012 mostraron que un mayor nivel de estímulo del docente no necesariamente aumenta el logro educativo de los alumnos.”

Con respecto al tema de las Tecnologías de la Información (TICs), la ASF sostiene que el “uso de las TICs, como coadyuvante en el aprendizaje y el desarrollo de habilidades digitales de los educandos, no ha tenido avances significativos, principalmente por las causas siguientes: falta de un diagnóstico parar identificar y jerarquizar las necesidades pedagógicas, de infraestructura y equipamiento; escasa capacitación a los maestros, y ausencia de una matriz de indicadores que permita medir el cumplimiento de metas y objetivos, así como de un programa de evaluación y seguimiento a nivel nacional.”

En marzo de 2008, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), sede México, dio a conocer una evaluación del programa Enciclomedia en donde advertía la necesidad de rebasar el fetichismo por el objeto (pizarrón electrónico) y concentrarse en el “componente educativo”.  También llamaba la atención sobre desarrollar un esquema de “indicadores precisos” que pudieran revelar el avance del programa. No se contaba, según el reporte de Flacso, “con elementos para conocer el impacto del Programa en las prácticas pedagógicas de los docentes y los aprendizajes de los alumnos”. Esto se decía en 2008. Ahora, en 2014, nos enteramos que los errores— y el derroche— persisten.

¿Por qué el conocimiento técnico y científico tiene un papel tan reducido en los procesos de política pública de México? Al optar por modas, ocurrencias o al definir acciones públicas bajo presiones de distinta índole, se daña severamente al erario público. Y no es que crea que el conocimiento resuelve automáticamente los problemas educativos (“falacia racionalista”), pero a mi juicio, sí constituye una base racional para el debate público y esto no es poca cosa. Es a partir de este debate que podríamos imaginar y construir colectivamente mejores políticas educativas; así como de establecer una mejor contraloría social sobre los asuntos educativos.

Una reforma educativa que desatienda la voz del conocimiento —que es colectiva e impersonal —, que no considere integralmente los procesos de política y que deje espacios para actuar discrecionalmente no llegará muy lejos. Por el bien de todas las niñas, niños y jóvenes, confío en que éste no será el caso.

Postcríptum: Con el ánimo de dialogar y tomar una posición clara con respecto a la reforma educativa, el Consejo Mexicano de Investigación Educativa (COMIE) organizará sus jornadas de debate el 13 y 14 de marzo en el auditorio José María Vigil de la UNAM. ¡No falten!

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El autor es profesor de la Universidad Autónoma de Querétaro (FCPyS).

Publicado en Campus Milenio