La reforma de la educación y nuestro problema con la ley

• Bonifacio Barba
• 5 septiembre, 2016
• Opinión
• CNTE, reforma educativa, SEP

Como ha ocurrido con muchos problemas sociales y políticos de esta administración federal y sus contrapartes estatales involucradas, las dificultades para realizar la reforma de la educación ya parecen asunto rutinario, como si fueran una parte imprescindible del proceso político. No obstante que toda reforma y el ejercicio mismo del gobierno deben tomar en cuenta las circunstancias para asegurar la implantación de los programas, lo que se vive en los estados donde la CNTE domina el escenario o donde ha alterado de manera significativa la vida cotidiana de miles de gentes ha sacado a flote un problema muy viejo, centenario, de la sociedad mexicana, el de su relación con la ley.

En la formación de México y en su desarrollo socio-político del siglo XIX hasta el presente, la construcción del Estado constitucional en la norma -la parte formal-, y en la vida -la parte convivencial-,ha implicado el sufrimiento y muerte de cientos de miles de mexicanos. Hoy, con la diversidad de bloqueos realizados por la CNTE y con la omisión del gobierno en aplicar la ley -en este caso la que contiene los fines y los procesos de la reforma educativa, por un lado, y la que tiene que ver con la seguridad de la población, el libre tránsito y la actividad económica, por el otro-, usando para ello la fuerza legítima del Estado, se ha provocado daño y sufrimiento a muchos ciudadanos.

La Ley, entendiéndola en este contexto como un patrimonio de la sociedad y como una protección que merecen los individuos y los grupos sociales, se viola, se pisa y con el paso de los meses se ha trivializado perdiendo su valor de medio para vivir relaciones civilizadas, para la solución justa de los conflictos. Se muestra de forma descarnada, sin recato, el desprecio la ley, el hecho dañino de no reconocerla como principio regulador de las relaciones, de los comportamientos, aun de los que son reclamo y protesta.

Viendo en conjunto los problemas que vive la educación y otros también relacionados de forma directa con la protección y garantía de los derechos humanos, pareciera que el artículo 1o. de nuestra Constitución es una declaración sujeta a la buena disposición de los individuos, de los gobernantes, y no una norma que obliga a todos en formas específicas, pero irreductibles.

El principio de que “Toda persona tiene derecho a recibir educación” y que tal bien cultural debe ser “de calidad, con base en el mejoramiento constante y el máximo logro académico de los educandos” (Artículo 3o.), está ahí sin su valor regulador de las acciones y sin su poder transformador de las personas por medio de la experiencia escolar.

La escuela debe trabajar guiada por un criterio democrático, por un criterio que haga posible atender “a la comprensión de nuestros problemas” (Artículo 3o.), pero en su entorno los valores de la democracia -inseparables de la vivencia de los derechos y responsabilidades-, están bloqueados; y nuestro problema con la ley socaba la vida escolar y su continuidad como experiencia de formación personal y comunitaria. 

El conflicto en torno a la reforma de la educación para garantizarla de mejor manera como derecho de niños, niñas y adolescentes, muestra la limitación de los actores involucrados para actuar conforme al derecho. Y se hace visible la paradoja de que las escuelas cerradas deben, por el valor de la ley, estar organizadas para una gestión y una pedagogía que contribuya “a la mejor convivencia humana” (Ibídem). Y esta paradoja se hace más evidente si se atiende al hecho de que la Ley General de Educación define uno de los fines del trabajo escolar en los términos de “Promover el valor de la justicia, de la observancia de la Ley y de la igualdad de los individuos ante ésta, propiciar la cultura de la legalidad, de la paz y la no violencia en cualquier tipo de sus manifestaciones, así como el conocimiento de los Derechos Humanos y el respeto a los mismos” Artículo 7o, VI).

Ante la persistencia de un conflicto por meses y la repetición de acciones que afectan a sujetos del derecho a la educación y de otros derechos, ¿no se estará dando sustento a una concepción de que la Constitución es sólo un ideal, un texto distante de la vida social, de que no hay forma democrática de hacerla vida? Ese ha sido por largo tiempo nuestro problema con la Ley. Es decir, no es nuevo, revive.

Si bien existen declaraciones recientes del gobierno federal de que la Ley será sostenida, que el derecho a la educación va a prevalecer, y al mismo tiempo se han puesto condiciones  diferentes para resolver el conflicto con el magisterio, el temor social de que se esté conformando y consolidando otra área de impunidad, no decrece.

Es indudable que la solución pasa por una reforma del poder; ahí está la mayor responsabilidad de los gobernantes. No debe haber grupos de padres recuperando escuelas; deben estar presentes los gobernantes garantizando la convivencia democrática y la apertura de las escuelas sin riesgos para ningún ciudadano, sean los escolares, sus padres o los docentes que también desean que sus escuelas se abran.