Por una nueva política de evaluación universitaria (III)

¿Qué define a una universidad “de calidad”? ¿Quién determina el referente normativo de la calidad” dentro del Subsistema de Educación Superior de México? Es probable que estas preguntas vuelvan a plantearse al discutir la creación del nuevo Sistema de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Sevacres) de México.

Por ello, vale la pena intentar una breve respuesta e irse preparando para el debate. ¿Qué es la calidad educativa? Como cualquier concepto, éste levanta dudas. Habrá algunos que lo cuestionen por sonar gerencialista, otros por ser demasiado abstracto y difícil de aplicar, y otros más por sus implicaciones y usos políticos y de política (policy). En una comunidad como la universitaria tan plural y diversa, será difícil asir una noción de calidad totalmente consensuada, pero esto no debe inmovilizarnos.

¿No somos acaso las universidades públicas capaces de “autogobernarnos” para discutir libremente las ideas y establecer nuestras propias reglas de acción? Eso espero. La noción de “calidad” universitaria que incorpore el Sevacres no puede, a mi juicio, provenir solamente del principio de la eficiencia económica, la vivencia presidencial, el paper científico, la subjetividad del educando, la reivindicación política, el mercantilismo, o la necesidad del poder empresarial y político. Tendremos entonces que deliberar dentro de cada una de nuestra comunidades académicas qué entendemos por “calidad” para realizar el ideal educativo que abrazamos y el cual, también es cambiante y sujeto a corrección.

Sí creo que tendremos deliberar en serio. La calidad es un referente normativo (“lo que debe ser”) y por tanto, para que sea realizable y la mayoría vayamos en pos de ella, debe someterse a escrutinio, persuasión y deliberación pública y no ser un constructo que se advierta como una imposición del actor principal, sea el presidente de la República, la Secretaría de Educación Pública, el Banco Mundial, el tecnócrata, académico o intelectual “comprometido”. Si no queremos que la “autoridad” educativa nos infantilice, pues actuemos como individuos responsables y revisemos, por medio del diálogo público, nuestros horizontes “losócos” para construir una noción de “calidad, si no perfecta, sí que opere en nuestra realidad para evaluar lo que valoramos de manera razonada. Para una mente más pragmática, la deliberación podría ser un ejercicio tardado cuando la “política” tiene otro ritmo.

Pues la nueva ley, propone la instauración de consejos interuniversitarios precisamente para deliberar y decidir. Si se organiza bien la discusión sobre la calidad y la evaluación de la educación superior, se reconoce al docente como aliado y se entra al debate con la idea de asir una noción de calidad plural y dialógicamente construida y realizable, los esquemas de evaluación podrían recibir su primer respaldo.

Pensémosle.

Poscríptum: El 21 y 22 del presente, el Consejo Mexicano de Investigación Educativa (COMIE) organizará un foro virtual sobre la Ley General de Educación Superior. Los temas serán, precisamente: hacia un sistema de evaluación y acreditación; gobernanza

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