¿Y ahora?
- Irving Hernández Eugenio
- 31 mayo, 2015
- Opinión
- evaluación, gobierno federal, INEE, SEP
Alguna vez leí un artículo del Dr. Manuel Gil Antón que citaba la siguiente frase de Carlos Monsiváis: “O yo no entiendo lo que está pasando, o ya pasó lo que estaba entendiendo”, la cual me parece encumbra muy bien las sensaciones y perspectivas ante la noticia difundida el día viernes a través del ya multicitado Comunicado 129: “La SEP ha anunciado que no se llevarán a cabo las evaluaciones para ingresar, promoverse o permanecer en el magisterio”, reviso a detalle las notas de los principales diarios de nuestro país en sus portales en la web a efecto de contextualizar la dimensión de tal noticia. Así mismo comienzan las llamadas de un grupo de colegas con quienes de manera ardua y con sacrificios de diversa índole comenzamos con un proceso preparatorio para tales fines a quienes únicamente se me ocurre conminarlos a la calma y a la prudencia, menuda tarea si consideramos que el factor comunicación en estos días hace casi imposible ello.
El argumento para tal determinación parece escueto: “esta decisión se da ante el arribo de nuevos elementos a considerar en el proceso de evaluación”, es entonces cuando me viene a la mente la reflexión en torno a la validez de los instrumentos de cualquier evaluación y la importancia de que éstos se apeguen a criterios técnico – metodológicos que permitan el cumplimiento de los objetivos y metas que se persiguen. Hace un par de semanas éstos fueron presentados ante directivos y docentes de la Región Acapulco – Coyuca como parte de una charla precisamente en cuanto a estos procesos, días después fueron notificados de manera oficial a través del documento: Etapas, aspectos, métodos e instrumentos. Proceso de Evaluación del Desempeño Docente, el cual brinda una perspectiva más clara de cómo se pretende (en idea) llevar a cabo estas evaluaciones para determinar la permanencia en el servicio particularmente.
Pasan las horas y comienzan las reacciones en las redes sociales, voces a favor y en contra, organizaciones civiles que exigen que la SEP recule y nuestro máximo organismo en materia evaluativa (INEE), al cual a partir de la reforma educativa 2013 se le brindó autonomía, se mantiene expectativo ante tan súbita determinación; pasan más horas y las posturas se radicalizan, inevitablemente aparecen las consideraciones políticas y sindicales, hay molestia e indignación en el sentido de por qué echar para atrás un proceso que ha tenido costos políticos, económicos, sociales pero que sin duda de manera gradual deberá contribuir a establecer una mejora en la educación de México.
En este sentido debo reconocer que uno de los principales problemas a los cuales nos enfrentamos en este país como sociedad es confundir los fines con los medios, particularmente cuando se tratan temas del dominio e interés de cualquier persona. La reforma educativa 2013 tuvo una gran aceptación ya que pese aún no considerar un cambio en el modelo educativo, si pregona la necesidad de establecer un nuevo orden en la gestión del sistema educativo, entonces con esta determinación se nos van al precipicio ambas buenas intenciones…ni se reforma educativamente, mucho menos administrativa u organizativamente hablando.
Llegamos al día 30 y por fin aparece la respuesta del INEE, fuerte, contundente pero principalmente sustentada en los esfuerzos que los integrantes de la Junta de Gobierno junto a todos los responsables de los diferentes procesos han realizado desde el 2013, los cuales se han traducido en marcos y esquemas desde los cuales se han comenzado a implementar acciones como lo fue el ingreso al servicio para el ciclo escolar 2014 – 2015, de la misma manera la construcción de la plataforma sobre la cual se cimentarán los procesos de promoción y permanencia que iniciarán en la segunda parte del semestre del 2015. Los argumentos son sólidos: “Esta decisión atenta contra el artículo 3º. de nuestra Constitución Política, los lineamientos para regular el Servicio Profesional Docente así como el Calendario de Evaluaciones 2015”, respuesta planteada desde los aspectos legales pero que evidencia que la determinación tomada por la SEP el día 29 de mayo fue unilateral.
Dicha postura también señala: “Que esta decisión atenta contra el interés superior de la niñez mexicana; así mismo se corre el riesgo de que el ciclo escolar 2015 – 2016 se vea afectado en el funcionamiento normal”, condiciones que resaltan una vez más la ausencia de cálculo y análisis profundo de la determinación en los ámbitos organizativos del sistema educativo nacional; por último este comunicado manifiesta: “Que se atenta contra el derecho de 400,000 mexicanos aspirantes a ingresar el servicio educativo público, docentes en servicio que buscan una promoción (como director, supervisor o asesor técnico pedagógico), así como docentes interesados en evaluar su desempeño”, nuevamente la reflexión en el sentido de la carencia en esta determinación de un análisis de las implicaciones de la misma, peor aún si consideramos que así como hay voces en contra de estos procesos, hay también a favor (una de ellas la de quien escribe este artículo), quienes encuentran en éstos una oportunidad para aspirar a una mejora en sus condiciones laborales.
Así culminan dos días intensos de discusión alrededor de un tema social que como nunca se ha visto inmerso en el centro de las miles de voces de quienes somos parte de este país, ello ante la expectativa de que si la SEP y el Gobierno Federal recularán en esta determinación, bien dicen que el misterio y la desconfianza alientan la suspicacia de considerar que estas decisiones hay mucho de “fondo”. Tendremos que esperar algunos días que sin duda serán interesantes en la medida de que a través de éstos nos daremos cuenta si como señala el Dr, Manuel Gil Antón, la reforma educativa “se desplomó” como el satélite mexicano, por el bien de la educación de México y el futuro de nuestros niños (as) y jóvenes esperemos que ello no ocurra.