Desafíos para 2024 y el futuro
- Carlos Ornelas
- 15 enero, 2024
- Opinión
- CALIDAD EDUCATIVA, Carlos Ornelas, educación mexicana, SEP
Tal vez, como nunca en la historia reciente, la educación mexicana se encuentra en medio del atolladero. Siempre hay broncas entre agentes, pero hoy son más graves, en parte —la mayor parte, quizá— debido a la pésima conducción del sistema educativo. La Secretaría de Educación Pública parece un barco sin capitán y con tripulación incompetente. No se aplicó a resolver los saldos de la pandemia, crecen la inequidad y la violencia, el financiamiento estancado, la educación y actualización de docentes sin avances palpables y complacencia de la cúpula del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación con la política de Andrés Manuel López Obrador. Consecuencia, mala educación para los infantes.
La pandemia no fue culpa del gobierno, pero sí es causante de los trazos erráticos para enfrentarla; de los sistemas de educación en el mundo, el mexicano fue el que más tiempo tuvo cerradas las escuelas. Después, ni una disposición razonable para que docentes, padres de familia y alumnos trabajaran en reponer la pérdida de aprendizajes, de hasta dos años, según varias estimaciones. Los quebrantos en el aprovechamiento fueron disparejos; como siempre, los pobres sufrieron más —y más falta de atención médica— que los segmentos medios. La inequidad creció. Tampoco puede achacarse a la Cuatroté la llegada del huracán Otis, pero sí la falta de atención —hasta el momento— a la población en las zonas devastadas. Allí el rezago es mayor y también desigual.
La violencia criminal es un azote para la sociedad; la frase —ya que no es estrategia ni digna de llamarse así— de abrazos, no balazos, no la resuelve. Acaso la agrave, ya que empodera a la delincuencia por los altos índices de impunidad. Y esa brutalidad se reproduce en las escuelas, ya por repercusiones del exterior —balaceras en sus inmediaciones— ya porque los niños gandallas también se sienten impunes; la violencia en la escuela cuesta vidas de estudiantes y docentes. Si bien la SEP instituyó el Programa Escuela Libre de Violencia con protocolos y reglas, es imposible que frene la barbarie, ya que, como la misma Secretaría diagnostica, “emana de un contexto que legitima conductas perversas”.
La indolencia del oficialismo hacia la educación queda de manifiesto al congelar el financiamiento, excepto para los programas de becas. Sí, las becas apoyan —y mucho— a quienes las necesitan, pero la distribución universal produce más inequidad. Hay injusticia, pues se le da lo mismo a la hija de una madre soltera que sobrevive en la informalidad, que al hijo del burócrata encumbrado. Además, como documentan muchos colegas, esos esquemas tienen más un perfil clientelar que de seguridad social.
Más grave aún es la falta de recursos para las escuelas normales y de capacitación de docentes, aún a aquellos que quieren encontrarle el modo al nuevo plan de estudios y al paquete de libros de texto. No obstante, la mayoría de los maestros no protesta; acaso la basificación y el anuncio de futuras mejoras en las pensiones refuercen la simpatía de muchos educadores hacoa López Obrador, pero no tienen repercusión directa en el aprendizaje de los alumnos.
Las divisiones entre las facciones del SNTE también afectan el desarrollo de la educación. Quizá la camarilla que comanda Alfonso Cepeda Salas obtenga mayores beneficios y hasta candidaturas a puestos de elección para algunos de sus miembros, ya por Morena, ya por sus partidos satélites. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación no abandona su espíritu guerrero, aunque ciertos de sus dirigentes se preparan para ser candidatos a diversos puestos por afinidad ideológica con López Obrador; también por conveniencia.
En fin, no se vislumbran posibilidades de mejoría en la educación en lo que resta del año escolar. A lo mejor, dicen los optimistas, con el cambio de gobierno en octubre, habrá un nuevo capitán y marineros más competentes que salven a la SEP del naufragio.
RETAZOS
Ayer se cumplieron 54 años de que una turba de estudiantes de la Universidad Juárez del estado de Durango expulsó del gobierno a Alejandro Páez Urquidi e inició un movimiento estudiantil-popular de cinco meses. Nadie recordó la efeméride.