Educación rural y COVID

• Observatorio del Derecho a la Educación y la Justicia
• 17 abril, 2020
• Opinión, Sin categoría
• jose gil jurado, RIER

Carlos José Gil Jurado

Red Temática de Investigación de Educación Rural (RIER)

El Observatorio del Derecho a la Educación y la Justicia (ODEJ) es una plataforma para el pronunciamiento público, impulsado por el Campo estratégico en modelos y políticas educativas del Sistema Universitario Jesuita (SUJ). Su propósito consiste en la construcción de un espacio de análisis informado y de posicionamiento crítico de las políticas y las reformas educativas en México y América Latina, arraigado en la realidad social acerca de las injusticias del sistema educativo, y recupera temas coyunturales y estructurales con relación a la agenda educativa vigente.

                    La esperanza de que el horror humano no posea
la última palabra es seguramente un deseo no científico.

                                                    Max Horkheimer

La crisis sanitaria que ahora azota a la humanidad tiene el mérito de poner a prueba todos aquellos aspectos relacionados con las “seguridades” sobre las cuales se cimentaron la vida personal, la vida social y las innumerables creaciones resultantes. Por ahora, la situación parece dejar claro que todos aquellos esfuerzos dedicados a poner el mundo en una perspectiva de la cual sentirse dignos y orgullosos han resultado ser una mendacidad. Dice Harari (2019) que la crisis de este momento de la historia está haciendo ver que los asuntos que las anteriores crisis obviaron o consideraron poco trascendentes, alcanzan hoy su verdadera dimensión: ¿acaso la debilidad de los sistemas de salud, la precariedad del empleo, la invisibilización y exclusión de lo rural o la ausencia de calidad en la educación no resultan ser cruciales ahora? Y, sin embargo, este mundo que ha producido pocas pero inmensas fortunas personales, poderosas naciones, instituciones “necesarias” y tiránicas, delirantes espectáculos masivos y el consumo exacerbado de lo superficial no tiene preocupación distinta que preservar la seguridad-rentabilidad del capital.

Y qué decir de los actores sociales y productivos claves en este momento de la crisis (campesinos, maestros, médicos, enfermeras, camilleros), que nunca han sido portadas de los grandes medios sino que viven en permanente crisis, dado que entre sus horas de trabajo y sus momentos de reposo deben mantener una inacabable y siempre reprimida lucha, tanto por ser reconocidos no sólo socialmente, es decir, más allá de las palabras, sino también por contar con condiciones de trabajo (salarios, protección social, recursos, capacitación) que les permitan llevar la vida con dignidad. En tanto que, quienes habiendo recibido la misión de manejar lo público y han asumido el liderazgo de la sociedad, de la producción y el manejo de la riqueza, no sólo parecen estar ajenos a ello, sino que se mueven en la deslegitimación de lo político (Mires, 1996), pero igual se enriquecen con el manejo de la riqueza pública y el trabajo mal remunerado sin ningún tipo de reato 

Hace algunos años Sen y Kliksberg (2007), aplicando la perspectiva de un campo de indagación denominado la ética del desarrollo, llamaban la atención sobre la necesidad de restablecer una más armónica y equitativa relación entre la ética y el desarrollo, dado que la asimetría que ahora la identifica tiene mucho que ver con las condiciones de carencias, desigualdades, exclusiones e injusticias que agobian a la gente de este mundo de hoy. En efecto, como observan los mencionados autores: “Los progresos tecnológicos del planeta son excepcionales y vertiginosos. Sin embargo, las cifras sobre la gente son inquietantes” y dejan ver, a modo de ejemplo, que “la falta de agua lleva también a la pérdida de 443 millones de días escolares, particularmente de las niñas, que deben ir a buscarla adonde fuere” (Sen y Kliksberg, 2007, p. 7), y agregaban que, destinar sólo lo correspondiente a cinco días del gasto militar mundial, solucionaría por lo menos la mitad este agobiante problema que azota a la gente.

A estas alturas, el lector puede tener cierta razón si se le ocurre afirmar que estas cuestiones ya son verdades de Perogrullo o cosas sabidas; sin embargo, como ya observo Jay, “las obscenidades de ayer se transforman con frecuencia en las perogrulladas de hoy” (1984, p. 12). En efecto, silenciar las verdades y aquellas cuestiones que son trascendentales para preservar los derechos y las opciones de una vida digna para la gente, se constituye en una muestra fehaciente de “la capacidad de la cultura para silenciar la protesta” (Jay, 1984, p. 12). Por ello, en un intento de escapar de dicho silencio y a riesgo de ser tildados como propagandistas de una u otra posición ideológica, debe reivindicarse la responsabilidad del ciudadano y del académico de insistir por la gente misma que, en la mayor parte de los países, carece de voz, y no permitir que su situación se obvie, pues como dicen Sen y Kliksberg, “la solidaridad no es una opción, sino un mandato” (2007, p. 307). 

En particular, se quiere llamar la atención hacia el denominado derecho a la educación, específicamente, en los ámbitos rurales, en los cuales la actual crisis deja ver que los déficits y otras situaciones aún requieren un tratamiento más serio y decisivo, pues las “soluciones” hasta ahora propuestas no han tenido la envergadura, los recursos ni las políticas que se requieren y, por lo mismo, no contribuyen a que este derecho a la educación tenga la solidez y la realización que todos desean. Es reiterarse en la tarea e insistir en que las cuestiones claves y fundamentales para el provenir del mundo rural siguen ahí, aplazadas:

– La enorme asimetría (laboral, salarial, protección social, jornada educativa, recursos educativos, capacitación) de los maestros rurales en comparación con los demás profesionales dedicados a la docencia siguen sin resolverse satisfactoriamente.

– La ausencia de una adecuada y sólida valoración de la cultura rural pues, como dicen Sen y Kliksberg, “ese lugar le ha sido negado sistemáticamente” (2007, p. 264), lo cual impide una visión integral del desarrollo y, por lo tanto, afecta seriamente las posibilidades de las comunidades rurales.

– Una crítica revisión de los modelos tradicionales que, si bien arrojaron, en su momento, algunos resultados importantes en cuanto a cobertura, están impidiendo ver que las condiciones tanto históricas como del desarrollo científico-tecnológico ameritan una visión y una perspectiva distinta, dado que en ello está en juego la calidad y la pertinencia misma.

– Ausencia de estrategias para el fortalecimiento tanto de la identidad como de la organización de los tejidos comunitarios rurales, pues como observa Harari (2020), sin el adecuado empoderamiento de los ciudadanos, y siempre que entre ellos haya confianza y solidaridad, será muy difícil, una vez superada la crisis, pensar en un mundo rural mejor.

– Los evidentes rezagos del mundo rural en cuanto a la ausencia de condiciones básicas para el desarrollo de una vida material digna (caminos, viviendas, centros básicos de atención, vías de comunicación, agua potable, alcantarillado, electricidad y conectividad), pues se trata de cuestiones sin las cuales no es posible pensar el desarrollo de las mismas a partir de sus propias potencialidades.

– Potenciar y visibilizar el territorio rural como el ámbito a partir del cual es posible no sólo discernir los problemas y conflictos del mundo rural, sino también sus expectativas y posibilidades concretas de vinculación con el mundo que los procesos de globalización están configurando. El territorio, en efecto, crea lugar en el mundo y, más allá de ello, puede conllevar a una apuesta por la inserción, de ahí su gran importancia en estos momentos (Rubio, 2006).

Ahora bien, es indudable que el predicamento sobre la calidad de la educación sigue ahí, presente, y se reitera en el discursos de los políticos y los tecnócratas; sin embargo, como bien observa Harari, “los políticos creen que están eligiendo, pero las decisiones realmente importantes ya las han tomado mucho antes los economistas, banqueros y empresarios” (2019, p. 291), por lo que se requiere tanto de las decisiones de ciudadanos conscientes, como del quehacer comprometido de los maestros, para que el derecho a la educación vaya más allá de las declaraciones y los preceptos consagrados en las constituciones y las diversas normas resultantes, dado que la letra, por sí misma, no resulta suficiente. Si bien en la noción de derecho es claro que es aquello que obliga al legislador, es igualmente cierto que también implica exigir a la autoridad su realización y pleno cumplimiento. Se hace necesaria, por lo tanto, la participación real y efectiva de los actores sociales, ojalá que con criterio político, para que el derecho a una educación de calidad logre su plena expresión y realización.

Ello, por lo tanto, compromete al maestro pues, como observa Zamora, “en sus manos está, primero, diferenciar esos contextos rurales y, segundo, traducirlos en consecuencias para el trabajo pedagógico dentro y fuera del aula. Nadie puede sustituir en esto al maestro, no conviene hacerlo” (2005, p. 44). Por lo cual, será la escuela y sus maestras y maestros, sujetos claves en estos procesos de reencuentro del mundo rural, así como el desarrollo de acciones que contribuyan a volverlos a la senda de un proyecto social que parece comprender, y eso se espera, que la deuda con esta realidad y expresión de la diversidad humana puede y debe comenzar a ser saldada.

Referencias bibliográficas

Harari, Y. N. 2020. El mundo después del coronavirus. Financial Times. 20 de marzo.

Harari, Y. N. 2019. Huellas 21 lecciones para el siglo XXI. Bogotá: DEBATE.

Jay, M. 1984. La imaginación Dialéctica. Madrid: Taurus.

Mires, F.1996. Huellas y Búsquedas. Caracas: Nueva Sociedad.

Rubio, B. 1996. Campesinos y Globalización: reflexiones de fin de siglo. Revista Comercio Exterior., 48(8), 632-635.

Sen, A., y Kliksberg, B. 2007. Primero la gente. Barcelona: Deusto.

Zamora, L. 2005. Huellas y Búsquedas. Bogotá: Fundación Universitaria Monserrate.