La aprobación de la nueva ley orgánica en la Universidad Autónoma de Nayarit, sin la participación o siquiera la consulta a su comunidad académica, es una asechanza que debemos repudiar desde las universidades públicas.  En un lapso breve, entre el 30 de diciembre que el gobernador envió la iniciativa y el 6 de enero en que fue aprobada por amplia mayoría por el congreso local, se destrozaron los más sagrados principios que deben vivirse en las instituciones de educación superior: además de la autonomía universitaria, las libertades de expresión y discusión de las ideas en ambientes plurales.

Invitados por la Comisión de Educación y Cultura del Congreso del Estado de Colima, el viernes 6 de diciembre presentamos el libro “Colima: avances y retos. Educación” (Colima, Puertabierta Editores/Congreso del Estado/Red de Evaluación Educativa de Colima, 2019), primer volumen de una colección de Fundación Cultural Puertabierta dirigida a pensar presente y futuro de la entidad, de cara a la próxima década. En la ocasión, leí un discurso del que comparto enseguida palabras que escribí para los 25 integrantes de la LIX Legislatura.

La docencia es una profesión desgastante. Podrían decir algunos colegas de otras, de todos los oficios: ¿cuál no? Y es verdad. Pero mi ámbito es educativo, y me referiré al maestro, a la educadora, porque son los territorios familiares.

En su conferencia reciente en la Universidad de Colima, Juan Pablo Arroyo, subsecretario de Educación Media Superior, expuso un documento que sintetiza las ideas centrales del nuevo gobierno para ese tipo educativo. El énfasis en mi artículo está en dos temas: el problema estructural del abandono escolar y los rasgos de la “nueva escuela mexicana”. 

Leo con alegre optimismo que Arcelia Martínez Bordón renunció a su candidatura al Consejo Técnico del organismo que sustituirá al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE). El gesto coherente la enaltece y debilita aún más la solvencia del proceso de selección realizado por un Senado autista ante los reclamos sociales, académicos y las evidentes irregularidades.

La reforma a la reforma educativa del sexenio anterior caminó de forma vertiginosa en la Semana de Pascua. Cuando se había anunciado su deliberación para el siguiente periodo de sesiones, las maniobras del equipo presidencial destrabaron la aprobación en Cámara de Diputados y auguran una consumación inmediata primero en el Senado, luego en los congresos estatales. El 15 de mayo podría anunciarse en la conferencia mañanera que la “mal llamada reforma educativa” fue enterrada legalmente, mientras los aplausos, entre otros, de quienes cocinaron, promovieron y firmaron la de Enrique Peña Nieto se escuchan jubilosos.

El 11 de febrero, en el Paraninfo de la Universidad de Colima, anunciamos la creación de la Red de Evaluación Educativa de Colima, con las adhesiones, a la fecha, de las instituciones más relevantes del panorama educativo local, entre ellas, por supuesto, la Universidad de Colima y la Secretaría de Educación del Gobierno estatal.

El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) tiene como tareas principales la evaluación de los componentes, procesos y resultados del Sistema Educativo Nacional; regula también la evaluación que otras instancias realizan y produce directrices que contribuyan a la mejora de la educación articulando calidad y equidad. La última, sin embargo, es una de las dimensiones menos conocidas e insuficientemente difundida.

Doce millones de indígenas mexicanos esperan todavía educación de calidad, lo cual implica, entre otros componentes pedagógicos, respeto a su cultura. El problema tiene causas y consecuencias visibles: docentes de escuelas indígenas que no hablan la lengua de la comunidad en la que trabajan; centros escolares con problemas de infraestructura, servicios, equipamiento, materiales; alumnos con escasos logros en sus aprendizajes y ausencia de enfoque intercultural en la educación.

Todas las reformas educativas tienen destino común: la muerte; o como se la llame, si apelamos a la cortesía idiomática y política (extinción, abrogación, disolución, liquidación...). Unas reformas morirán por caducidad, otras por vías distintas, con decisiones de autoridad o autoritarismos; algunas, de inanición, condenadas por futilidad o esterilidad.