En el norte y en el sur de América Latina suenan los tambores de guerra contra las universidades públicas. Dos instituciones son ahora blanco de la artillería gubernamental: la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Nacional Autónoma de México.
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Una palabra recorre a la Universidad Nacional: estabilidad. Enuncia un valor que se considera supremo. Se afirma que es la tarea central de la persona que sea designada para ocupar la rectoría, y se halla como denominador común, expresa o implícitamente, en la mayoría de las opiniones y los programas de trabajo (16 de 17 aspirantes) que se han conocido.
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Desviar un poco la mirada de la violencia y tratar de entender cómo se construyen las relaciones pacíficas es una apuesta que podrá enriquecer los enfoques de investigación sobre convivencia escolar, una disciplina que tras una década de labor ha pasado de ser un campo emergente a uno en plena edificación.
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Para contextualizar el contenido de las siguientes líneas, es preciso aclarar que las universidades públicas son una de las modalidades de los órganos autónomos del Estado mexicano, entre los que se encuentran el Poder Judicial de la Federación, el Instituto Nacional Electoral (INE), la Comisión Federal de Competencia Económica, el Banco de México y el Instituto Nacional de Acceso y Transparencia de la Información (INAI), entre otros.
Continua LeyendoLa casa se construyó, como la conocemos ahora, en 1945. Su estructura, y la de todo inmueble los cimientos, columnas y muros de carga que confieren, a las edificaciones, lo que el esqueleto aporta a una persona se caracteriza por ser un entramado de elementos que la mantienen en pie, calculada con precisión sobre la base de un estudio de la dinámica del suelo donde se ubica, además de otras condiciones indispensables, pues su función es soportar el peso de los espacios que conforman a esa residencia, no solo cuando estén vacíos, sino incluyendo los enseres y la cantidad de personas que albergará en el futuro. Su diseño es fundamental.
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Hace unos días se levantó una protesta estudiantil en varias facultades y escuelas de la UNAM por el incumplimiento de la beca Elisa Acuña que les fue otorgada.
Continua LeyendoDa la impresión de una tendencia el que desde la representación legislativa del partido Morena se busque la modificación de las leyes orgánicas de universidades autónomas. En este espacio nos hemos referido a los casos recientes de la Universidad Autónoma del Carmen y de la UNAM. A ellos debemos agregar una nueva iniciativa que pretende modificar la norma orgánica de la Universidad de Guanajuato (UG), también autónoma, para cambiar la forma en que son electas las autoridades de esa institución.
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Esta semana se hizo llegar a la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados una carta suscrita por la gran mayoría, casi la totalidad, de los directores de institutos, centros y programas del subsistema de investigación de la UNAM, el cual se compone de 35 institutos, 13 centros de investigación y 13 programas universitarios. Además, suscriben la misma comunicación la mayoría de los representantes académicos que forman parte de los consejos técnicos de humanidades e investigación científica de la Universidad.
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“Este documento tiene el objetivo de generar indignación, que el espectador incluso se enoje, pero también que reciba el mensaje final de esperanza y que esto genere activación y participación ciudadana a favor del fortalecimiento de la democracia mexicana”, comentó el Dr. John M. Ackerman, guionista y productor del documental, además de Director del PUEDJSUNAM. Ackerman explicó que el filme es resultado de dos años de trabajo del equipo del PUEDJS y que forma parte de un proyecto de investigación de largo aliento sobre la cultura política y las disputas culturales en el México actual. “El neoliberalismo dejó daños terribles, no solamente en lo económico y lo político, sino también en los ámbitos sociales y culturales”, remató.
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En sesión extraordinaria, por unanimidad el pleno del Consejo Universitario de la UNAM aprobó reformar la legislación universitaria, con el objetivo de establecer que la violencia de género sea considerada causa “especialmente grave de responsabilidad”.
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