Opinión

El Sistema Nacional de Investigadores: ¿Solución y/o Problema?

Desde hace algunos meses se han ventilado diversas controversias relativas al Sistema Nacional de Investigadores (SNI), uno de los programas emblemáticos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT). Los actores son, en grandes términos, el CONACYT y, por otro, un grupo de académicos. Aunque con diferentes posturas en relación a este programa, ambos actores asumen que este esquema para fomentar las actividades de investigación del cuerpo académico nacional es, esencialmente, pertinente. Esta es una suposición que, sostenemos, es cuestionable.

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Estado de derecho en México: informe de la WJP

El Proyecto de Justicia Mundial (WJP, por sus siglas en inglés), fundado en 2006, es una organización internacional sin fines de lucro, independiente y multidisciplinaria, cuyo propósito es generar información sobre el estado de derecho (ED) de los países, con el objetivo de crear conciencia y fomentar acciones para mejorarla. De acuerdo con esta organización, en un ED hay menos corrupción, pobreza e injusticias; lo que permite mejorar la salud pública, la economía, la participación ciudadana y el desarrollo humano.

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Lo que aprendimos con la pandemia

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Soy profesor en la Universidad de Colima. Lo saben buenos amigos que me conocen o siguen desde hace tiempo. Ahora imparto un curso en la licenciatura en Pedagogía a estudiantes del sexto semestre, grupo C; mujeres, la gran mayoría. Hace algunas semanas les propuse escribir un artículo colectivo, experiencia que ya viví con resultados fantásticos. 

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Programas educativos diferenciados para la población rural colombiana

Entre otras circunstancias, el descontento generalizado de la población rural por al carácter centralizado de la Ley General de Educación de 1994 y las marchas campesinas que reclamaron mayor atención a las necesidades sociales de este segmento de la población, contribuyeron a que en 2000 (y durante casi 10 años) el Ministerio de Educación Nacional implementara el Proyecto de Educación Rural (PER), el cual articuló nueve programas educativos flexibles para responder a las variadas necesidades de la población rural colombiana. Los costos de la iniciativa alcanzaron la cifra de 120 millones de dólares, de los cuales el Banco Mundial aportó 50%, el Gobierno Nacional 37% y las Administraciones Municipales beneficiadas el 13% restante (Rodríguez, Sánchez y Armenta, 2007). En la siguiente tabla se pueden apreciar los programas articuladores de este proyecto.

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Los que se fueron de la escuela (Parte II)

Según los datos históricos siguientes (ver Gráfica 2), en promedio, entre 2012 y 2019, 14.6% de los estudiantes de educación media superior, 7.5% de los de educación superior, 4.8% de los de secundaria y 0.7% de los de primaria abandonaron la escuela. Estos datos nos muestran que históricamente han abandonado más la escuela los alumnos de educación media superior, después los de educación superior y menos los de secundaria y primaria.

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Dudas del sistema de evaluación y acreditación de la educación superior

El pasado 20 de abril se promulgó la Ley General de Educación Superior (LGES). Esta ley es muy amplia y contiene loables intenciones, como la gratuidad de la educación y el respeto a la autonomía otorgadas a algunas IES. Sin embargo, queda corta en la forma en que se lograrán estos buenos propósitos, especialmente porque no se habla de su financiamiento ni de su operación. Los recursos para operarla quedarán año con año delimitados a la voluntad de la Cámara de Diputados, mientras que su operación deberá precisarse en diversas normas, estatutos y reglamentos. Lo anterior es especialmente cierto para el Sistema de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Seaes) contemplado en la Ley, que le corresponde de manera exclusiva a la autoridad educativa federal. A continuación, destaco algunos elementos de la Ley y dudas que me surgen de su lectura y análisis.

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Una ley Fifí para la educación superior mexicana

En algún momento de la campaña presidencial del 2018 y los primeros meses del sexenio 2018-2024, el presidente López Obrador utilizó la expresión “fifí” para referirse a las personas e instituciones que pretendían dar una imagen de liberales o progresistas y que, sin embargo, se trataba de actores más bien conservadores que buscan defender sus privilegios o al menos el estatus quo. Por momentos algunas personas tergiversaron el sentido de la expresión y lo orientaron hacia “rico” o incluso “amanerado”, generando una innecesaria crispación social, cuando el sentido original está más cercano a pretensioso. En este sentido, la Ley General de Educación Superior (LGES) se puede calificar como una ley fifí porque pretende ser lo que no es. En los siguientes párrafos se presentan algunas ideas que dan soporte a la afirmación.

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